• ENFRENTAMIENTO POR LAS TIERRAS • La foto de abril de este año muestra a los vehículos del Instituto de Reforma Agraria quemados por hacendados de Alto Parapetí.

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Estas son las conclusiones que dio a conocer ayer la delegación de la CIDH que, entre el 9 y el 13 de junio, visitó Chuquisaca y Santa Cruz para recabar información sobre la situación de los guaraníes cautivos, en una situación que la institución calificó de análoga a la esclavitud.

Mientras el Ejecutivo defendió ayer la objetividad del informe de la CIDH, los ganaderos de la provincia Cordillera, en el chaco cruceño, lo descalificaron y aseguraron que la delegación no se reunió con los productores.

La comisión de la CIDH que visitó el chaco boliviano estuvo conformada por Luz Patricia Mejía, relatora para Bolivia, y Víctor Abramovich, relator sobre Derechos de Pueblos Indígenas.

“La comisión recabó información y testimonios que constatan la continuidad de la problemática de la servidumbre por deuda y trabajo forzoso en el Chaco boliviano”, asegura el informe brindado ayer por los comisionados de la OEA.

Si bien la delegación recibió testimonios sobre algunas haciendas donde las relaciones de servidumbre cesaron, también informó que existen familias guaraníes que permanecen cautivas y que incluso son sancionadas a consecuencia de sus reivindicaciones territoriales.

El 22 de febrero, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, junto a los funcionarios del Instituto de Reforma Agraria e indígenas intentaron infructuosamente ingresar a la zona de Alto Parapetí (Santa Cruz) con el objetivo de iniciar el proceso de saneamiento de tierras. Entonces, los ganaderos impidieron el ingreso de tal comisión.

La intención del Ejecutivo es la de crear una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) para el pueblo guaraní en esa región.

En ese contexto, el informe de la delegación de la CIDH señala que como forma de castigo, familias guaraníes “han sido expulsadas de las haciendas en las que laboraban sin compensación por el trabajo desarrollado. (...) Por impulsar la reivindicación de sus derechos, se les niega trabajo en las haciendas aledañas”.

El documento indica que las familias cautivas “viven en la extrema pobreza y son sometidos a castigos como \'huasqueadas\' (latigazos), quema de sus cultivos y muerte de sus animales”.

La comisión deplora la insuficiencia de la respuesta del Ministerio Público y del Poder Judicial, observa “la falta de integración del Tribunal Constitucional, (...) garante del Estado de Derecho” e insta al Estado a “implementar la normativa vigente en materia de reforma agraria (...) y aumentar su presencia institucional en el Chaco”.

“Es un reto que asumiremos. Este es un informe de una instancia objetiva que ratifica lo que el Gobierno señaló sobre la servidumbre”, destacó el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez.

Por su parte, Rafael Redondo, ganadero de la provincia Cordillera (Santa Cruz), descalificó el informe de la delegación de la CIDH. “Esa comisión no habló con nosotros; cómo se podría confiar en lo que ellos dicen”.

Testimonios recogidos por la comisión

EXPULSIÓN • Una madre guaraní de Alto Parapetí fue castigada por un hacendado por haber participado en una asamblea del pueblo. El patrón la expulsó de la hacienda, separándola así de su familia. Su marido continuó trabajando en el lugar junto a su hijo de 19 años, quien también fue castigado físicamente por el ´delito´ de su madre. Para verlos, la mujer debe ingresar a escondidas por sendas en el monte.

CASTIGO • Además de las expulsiones, la comisión de la CIDH recogió también, de distintos lugares del chaco boliviano, testimonios que dan cuenta de la existencia de castigo corporal. Uno de los instrumentos utilizados es la huasca, destinada a los animales, y con la que algunos hacendados azotan a sus trabajadores. Otra de las sanciones, cuando el guaraní entra en conflicto con el patrón, es el sacrificio de sus animales.

Niños trabajan en el campo

Una de las constataciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la existencia de trabajo infantil en haciendas del chaco cruceño.

Además de la verificación de una situación de servidumbre de miembros del pueblo guaraní, la comisión constató la existencia de niños en labores del campo en Alto Parapetí (provincia Cordillera), situación prohibida por leyes nacionales y por tratados internacionales ratificados por el Estado boliviano. Así lo establece el informe brindado ayer en La Paz por los comisionados Luz Patricia Mejía y Víctor Abramovich.

´Trabajan a la par que los adultos. En nuestras visitas hemos visto a niños trabajando en el campo´, explicó luego Mejía.

La Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA señaló que ´éste es un tema que reconocieron tanto las autoridades nacionales como locales´. A esto se sumaron los testimonios de los propios trabajadores y, como se ha dicho, la verificación directa.

“La CIDH manifiesta su preocupación por la falta de políticas integrales del Estado para atender esta problemática”. Informe de la comisión