Los ministros de Gobierno, Interior y Justicia de nueve países de Sudamérica emitieron ayer un pronunciamiento que condena el endurecimiento de la normativa sobre migraciones en la Unión Europea (UE) y le pide reconsiderar y flexibilizar la propuesta de directiva de retorno (o expulsión) de inmigrantes ilegales.
El anuncio fue hecho ayer por el ministro de Gobierno de Bolivia, Alfredo Rada, desde Buenos Aires (Argentina), donde se realiza la XXIII reunión de ministros de Gobierno, Interior y Justicia del Mercosur y países asociados.
“Hemos observado con desagrado que la UE , contrariamente a los esfuerzos de integración que busca con América Latina, endurece las medidas migratorias afectando a los latinoamericanos, incluidos los bolivianos”.
Según Rada, la orientación de la política europea para los migrantes busca criminalizar a quienes viven de ilegales en ese territorio “y eso es inadmisible. Es por ello que los ministros de Gobierno y Justicia de Sudamérica hemos decidido presentar a la UE, de manera conjunta y vehemente, un pedido de reconsideración y flexibilización de sus políticas migratorias”.
Agregó que el presidente Pro Témpore de la secretaría, Tarso Genro, ministro de Justicia del Brasil, será el encargado de realizar las acciones en el ámbito diplomático para expresar esta postura ante la Unión Europea.
Las 27 naciones europeas pretenden aprobar, el 18 de junio, la directiva de retorno, medida con la cual, a partir de julio del 2010, se expulsaría a todo inmigrante ilegal en ese continente.
Por otra parte, los países miembros de la Comunidad Andina (CAN), es decir Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, enviaron el jueves otra misiva a la UE en la que le piden garantizar el goce de los derechos humanos e “iniciar un diálogo integral y comprensivo sobre la migración”.
La carta no se refiere a la posibilidad de bloquear las negociaciones para el acuerdo de asociación comercial que negocian la CAN y la UE.
La semana pasada, el presidente Evo Morales amenazó con dejar las tratativas de este bloque si la UE aprueba la directiva.
“Ese tema no se ha tocado en absoluto. Ambos temas (migración y acuerdo comercial) se están manejando por separado”, dijo un funcionario del Gobierno.