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Para tres analistas, esta ola de consultas departamentales y nacionales terminará saturando al electorado nacional, ahondará la crisis económica y no logrará resolver la actual crisis de Estado.

Desde el 4 de mayo, y hasta el 10 de agosto, Bolivia registrará cinco referendos sobre estatutos autonómicos, en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, uno nacional de revocatoria de mandato popular y una elección de prefecto, en Chuquisaca. Estas seis consultas ciudadanas tendrán un costo para el Estado de alrededor de 100 millones de bolivianos (ver infografía), según los datos que este diario obtuvo tras la consulta que hizo con las cortes departamentales electorales.

El monto podría más que duplicarse si se cuenta que en agenda están previstas la elección de consejeros departamentales en las cuatro regiones que impulsan su autonomía y, dependiendo de los resultados del revocatorio, la elección de Presidente, Vicepresidente y de prefectos. A la lista se suman el referéndum dirimitorio y aprobatorio del proyecto de Constitución Política y la consulta en Chuquisaca y en Cochabamba sobre sus proyectos de estatutos autonómicos.

En resumen, en el transcurso de dos años, el país registraría al menos 13 citas electorales, entre departamentales y nacionales. La mayoría son referendos, un mecanismo electoral inserto en la Constitución Política del Estado el 2004 —con el referéndum del gas— y que para los analistas está siendo mal utilizado por los actores políticos.

Para el constitucionalista y sociólogo Ricardo Paz Ballivián, la gran número de referendos que se desarollan en Bolivia no resolverá la actual crisis política.

“No servirán en absoluto. El país no tiene una crisis de gobernabilidad; no está el problema en que tengamos malos representantes o malas políticas. No se resolverá nada cambiando presidentes o prefectos... El país está en una crisis de Estado y lo que necesita es reconstruir su contrato social. Y mientras no haya eso mediante un mecanismo como la Constituyente, u otro mecanismo parecido de deliberación, no saldremos de nuestra crisis”, reflexionó.

Paz difiere de las voces que defienden las consultas por permitir al ciudadano la participación en las decisiones políticas.

“Si bien se apela al pueblo, se opera de manera tramposa porque no se le está dando la posibilidad de que resuelva una cuestión estructural real, se lo distrae. Es peligroso, puede confundir al votante y cansarlo del sistema mismo de democracia”.

Jorge Lazarte, ex vocal de la Corte Nacional Electoral, apuntó que ante la actual crisis de representación los referendos aparecen como un antídoto, aunque en los hechos no lo son. “Se cree que la democracia sólo puede funcionar con democracia participativa, que cuanto más participación hay, más democracia. Eso no es verdad, hay  momentos en que la participación democrática termina asfixiando a la propia democracia”, dijo.

Aseveró que, en Bolivia, la consulta ciudadana es un síntoma de debilidad y no de fortalecimiento democrático.

“El revocatorio, por ejemplo, no resolverá el conflicto entre niveles de autoridad, que deberían ser enfrentados a través de las propias reglas institucionales del Estado”, añadió el intelectual.

En esa línea, el analista José Antonio de Chazal recordó que un referéndum es aplicado para aquellos casos de consulta sobre temas legislativos y de política de Estado, “pero no es un fórmula para solucionar crisis políticas, económicas e institucionales como las que vive ahora Bolivia”.

Según el abogado cruceño, el país está dejando de lado temas estructurales. “La agenda actual es política, no se toma en cuenta la economía. Falta gestión pública y una buena administración de los asuntos del Estado. Eso nos llevará a una crisis aún mayor”.

Para De Chazal, las consultas electorales “no harán más que afectar la importancia de esta institución tan valiosa como es el referéndum, y además le quitará brillo a una gestión de gobierno que no tendría que provocar el exceso de este tipo de consultas para no llegar a afectar la legitimidad”.

LOS PRESUPUESTOS

Departamental • En promedio, dependiendo de su población, el presupuesto para una consulta en un departamento asciende a 4.500.000 bolivianos. Para los referendos sobre los estatutos autonómicos fueron las prefecturas las que asumieron los gastos reformulando para ello sus presupuestos anuales. La que más invirtió fue la cruceña, con más de 11 millones de bolivianos, y la que menos lo hizo fue la de Pando, con dos millones.

Nacional • En el caso de las consultas o elecciones nacionales, la Corte Nacional Electoral es la encargada de administrar los recursos del Tesoro General de la Nación hacia las cortes departamentales. El máximo órgano electoral del país se encarga, entre otros, de la impresión de papeletas y de la compra de material de escritorio, ánforas de votación, libros de registros y el pago de los notarios.

“Tanta consulta es peligrosa, puede llegar a confundir al votante y finalmente cansarlo del sistema mismo de democracia”.
Ricardo Paz

“Hay momentos en que la participación democrática termina asfixiando a la propia democracia. Hay que regularla”.
Jorge Lazarte