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La decisión del Parlamento Europeo de aprobar mecanismos encaminados a lograr el retorno a sus países de los inmigrantes indocumentados, tiene aristas muy sensibles, por lo que su tratamiento debe ser lo más sereno y equilibrado posible. En estos momentos, en que la tensión por el tema se ha exacerbado, tanto en Bolivia como en otros países de la región, conviene pensar con la cabeza fría y actuar con inteligencia para encaminar una posición beneficiosa para los compatriotas residentes en el Viejo Continente.

En primer lugar, se debe considerar que los parientes de los emigrados pueden llegar a preocuparse en extremo al suponer que sus seres queridos están siendo ya detenidos en Europa y que, como siguiente paso, serán echados. Esto no ocurrirá, por lo menos hasta dentro de dos años.

La decisión adoptada por el Parlamento Europeo, bajo la denominación de “directiva de retorno de inmigrantes ilegales”, si bien muestra partes extremadamente duras, atentatorias a los derechos humanos, contiene, a su vez, una cierta moderación que hay que reconocer. La medida de retorno de los inmigrantes se pondrá en vigencia sólo desde el 1 de julio venidero y no se la aplicará hasta el 30 de junio del 2010.

Dos años de tolerancia es un tiempo más o menos adecuado para que una buena parte de los inmigrantes logre legalizar su permanencia en los países europeos realizando los trámites de rigor. Sólo en el caso de que éstos no prosperasen, podrían sufrir “retenciones” de seis meses, los que pueden ampliarse hasta 18 meses.

Alain Fouquet, embajador de Francia y presidente de la Unión Europea en Bolivia, explicó que la directiva autorizada es un esfuerzo para armonizar y compatibilizar las normas en dirección a mejorar las condiciones de los inmigrantes. A su criterio, no es una directiva represiva.

Por otro lado, el embajador de España, Juan Francisco Montalbán, informó que en su país hay mecanismos legales para facilitar la regularización de los inmigrantes. Uno de ellos les permite tramitar su radicatoria permanente luego de cumplir tres años en esa nación. Cerca de 500.000 bolivianos viven en países de Europa; sólo en España son unos 350 mil, de los que 65.000 tienen su documentación al día.

El 10 de junio, el presidente Evo Morales envió una carta a la UE en la que, además de pedir que no se apruebe la normativa, a la que llamó “directiva de la vergüenza”, advirtió con bloquear el acercamiento entre la Comunidad Andina de Naciones y el bloque europeo. También amenazó con exigir visas a los ciudadanos de ese continente que pretendan ingresar a Bolivia.

Esto último ha sido cuestionado por la Cámara Boliviana de Turismo, que le recordó al Presidente que la mayor cantidad de visitantes del país proviene de Europa, al margen de su buena capacidad de gasto que ha generado una cadena productiva que involucra a no menos de un millón de personas.

No conviene responder a una medida dura, pero legalista, que a la postre redundará en beneficios para los migrantes, con otra igualmente rígida pero motivada en el rencor. El gobierno de Morales debe reclamar el mejor trato para los bolivianos en Europa y abocarse a cooperarles para que regularicen su situación antes del plazo fatal del 2010.