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A semejanza de países que están sometidos a regímenes de fuerza, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 29519, hábilmente edulcorado bajo el título de “Regulación de la competencia y defensa del consumidor”. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), en una asamblea general celebrada la semana pasada, llegó a la conclusión de que tal disposición, en el fondo, pretende instituir un control político sobre productores, comercializadores y otros agentes económicos y sus organismos gremiales.

Por tal razón, optó por rechazarlo públicamente al estimar que se encuentra al margen de las prácticas regulatorias aplicadas internacionalmente. La CEPB valora que es de vital importancia la defensa del consumidor y el impulso a la competitividad; sin embargo, considera que, a título de combatir la inflación, lo que se está creando es “el control político de la producción, de las empresas, de los emprendedores medianos y pequeños”. Esto implicaría, de acuerdo con su análisis, la destrucción de la libertad económica, aparte de que subrepticiamente se interfiere en la gestión empresarial.

De otra parte, el documento de la CEPB está en desacuerdo con establecer que un órgano administrativo, como es la Superintendencia de Empresas, asuma competencias judiciales, fije medidas precautorias y vulnere derechos esenciales que ni un juez puede hacerlo, sin el respeto al debido proceso. Aparte de especificar otras violaciones, sostiene que se desconoce el estado de derecho, acuerdos y tratados internacionales y, finalmente, la aplicación de algo que es tan básico como la universalidad de una norma, porque las empresas estatales y las informales quedarían exentas de los alcances de control.

En cuanto al propósito que tendría el Gobierno mediante este decreto, de estimular la competitividad, se le acusa de buscar intervenir cualquier empresa, violar los derechos básicos como la propiedad industrial y exigir la revelación de sus estrategias de precios, ventas y comercialización. Mientras que, refiriéndose a la supuesta intencionalidad política de la nueva norma, la organización empresarial supone que se traduciría en la aplicación de sanciones a las unidades productivas que no sean afines a su ideología, al margen de que haría que toda acción u omisión en las políticas empresariales conduzcan a una calificación subjetiva de presunta conducta anticompetitiva.

Según la CPEB, “lo que más daña la sana competencia es el contrabando y el narcotráfico, los que, mediante el lavado de dinero, ocasionan que muchos productos sean comercializados vulnerando la competencia, las leyes y la ética”; pero, “sintomáticamente, el decreto no dice nada” al respecto.

En el entendido de que todas las objeciones y cuestionamientos de la CEPB sean válidos, se podría establecer, una vez más, que el gobierno de Evo Morales está empeñado en dirigir sus dardos contra el empresariado privado, en el afán de estatizar la devaluada economía boliviana.

Una clara demostración de ello es que, tomando en cuenta informes oficiales, la actual administración gubernamental asumió ya el control de 20 empresas, entre nacionalizadas, fortalecidas por el Estado y creadas para incursionar en distintos rubros de la producción nacional.