La violencia por las instituciones apenas empieza La Policía presentará una querella penal contra los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista. Un viceministro dice que la CAO financia a este grupo. La CAO le pide al Gobierno que trabaje.
UNA PROTESTA VIOLENTA • Una vagoneta de la Policía arde en llamas luego de que miembros de la Unión Juvenil Cruceñista se enfrentaran a los uniformados. El hecho ocurrió el martes 24.
Mientras la Policía Nacional determinó reforzar la seguridad en las instituciones públicas que funcionan en Santa Cruz, los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) anunciaron para hoy la toma de otras entidades, que incluyen dos unidades policiales de ese departamento.
El martes, la Policía reprimió a miembros de la UJC que intentaron tomar un punto de cobro de peaje ubicado al norte de la capital oriental y a otros que atacaron el Distrito Policial Número 8 (DP-8). Los jóvenes fueron gasificados y terminaron quemando una patrulla policial. 12 unionistas fueron detenidos, los cuales, posteriormente, fueron liberados por orden de un fiscal.
´Hemos elaborado un plan para resguardar todas las instalaciones públicas y los puntos de control de peajes de la ciudad y ciudades intermedias, lo único que hacemos es darles un servicio de seguridad y cumplir con la ley. No estamos parcializándonos con nadie´, explicó ayer el comandante de la Policía Nacional, general Miguel Gemio.
El presidente de la UJC, David Sejas, anunció que para hoy se tiene prevista la toma de otras entidades públicas que operan en Santa Cruz, como Impuestos Nacionales, Aduana, INRA, YPFB, Enfe, Caja Nacional de Salud y las unidades policiales de Tránsito y de Identificación.
Además, dijo, ´vamos a pedir la descentralización de la Policía Departamental. Tránsito debe pasar a depender de la Alcaldía Municipal e Identificación de la Corte Departamental Electoral´, añadió el dirigente de la UJC.
Al respecto, Gemio indicó que el Comando Departamental de Santa Cruz presentará una querella penal contra los unionistas, por haber quemado una patrulla policial que estaba al servicio de la población.
Dijo que la Policía cumplirá con su misión constitucional de preservar el orden, la seguridad y hacer cumplir las leyes en vigencia, por lo que lamentó la actitud violenta que tuvieron los unionistas contra la institución.
Por la noche, el vocero presidencial, Iván Canelas, dijo que la UJC es un grupo delincuencial y que será sometido a las leyes. En tanto, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Rubén Gamarra, acusó a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y a la Prefectura de Santa Cruz de financiar a este grupo. Según Gamarra, Sejas se reunió ayer con los directivos de la CAO y autoridades de la Prefectura cruceña para determinar las acciones a tomar hoy.
Señaló que estas acciones forman parte del plan de desestabilización contra el Gobierno.
El presidente de la CAO, Mauricio Roca, restó importancia a esas declaraciones y, por el contrario, aconsejó al Ejecutivo a ocuparse de la economía “en vez de acusar sin fundamentos”.
Las tomas provocan pérdidas
En lo que va del año, el Estado dejó de percibir 7,2 millones de bolivianos por los bloqueos de caminos y la toma de trancas o puntos de cobro de peajes en Santa Cruz, de acuerdo con los datos de Vías Bolivia.
Vías Bolivia señala que la recaudación promedio mensual en las carreteras administradas por esta entidad (Santa Cruz, Potosí, Beni y Pando) suma 7,2 millones de bolivianos, “cantidad parecida a la que hasta la fecha se ha dejado de percibir por los problemas sociales”.
Entre los cuatro departamentos, la regional del departamento de Santa Cruz recauda mensualmente 6,2 millones de bolivianos, es decir el 59 por ciento del total recaudado por el cobro de peajes de Vías Bolivia.
Del total recaudado, el 17 por ciento se queda en la empresa para cubrir costos de operación. El resto se va a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), entidad que destina el 30 por ciento de lo recaudado a las prefecturas, que este semestre recibirán dos millones menos.