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El abogado argentino Alberto Binder, quien asesora y trabaja con el Ministerio de Justicia bajo el auspicio del Programa de  Apoyo a la Administración de Justicia de Usaid para el diseño de una política criminal en el país, sostiene que la Policía y el Ministerio Público son ineficientes.

Los delincuentes entran a Bolivia, atracan y se van, porque las leyes son leves, ¿qué percepción tiene usted sobre ello?
No creo que sea así. Me parece que es un truco que normalmente se utiliza para esconder otros problemas. Tenemos mucha dificultad para afrontar el hecho de que los organismos encargados de las políticas de seguridad, de la persecución penal actúan bajo condiciones de mucha ineficiencia. Después, se pretende echar la culpa a que hay muchas garantías, y no es así.

¿Por qué?
Bolivia no tiene las cárceles vacías, no sólo están llenas, sino que lo están tres veces por encima de su capacidad. Dónde está la permisividad, hay que poner sobre la mesa dónde están las condiciones de ineficacia.

¿Quiénes son los que fallan?
La Policía y el Ministerio Público (Fiscalía), que deberían coordinar y tener planes muy concretos, actúan con estructuras obsoletas. En Bolivia, hace dos o tres años que no hay un fiscal general; entonces, no debe ser tan grande la preocupación por la criminalidad cuando se toman tanto tiempo para designarlo.

Ahí entra el Poder Legislativo.
Si está en sus manos la elección del responsable de la persecución penal, no puede tomarse tres años, ¿no le parece?

¿Y qué pasa con la Policía?
Necesita reorganizarse urgentemente, modernizar profundamente la investigación de los delitos, que se hace bajo parámetros muy antiguos e ineficientes, cuando la criminalidad es dinámica y moderna.

En el tema de robo de vehículos, por ejemplo. Pretender que se tendrá éxito abriendo caso tras caso, metiendo presos, generalmente jóvenes, no llevará a nada, porque es todo un mercado organizado, incluso con conexiones internacionales.

Si usted averigua en el ámbito policial o del Ministerio Público sobre cómo funciona el mercado de robo de vehículos en La Paz, posiblemente no encuentre respuestas. Se hace por intuición, por olfato, y los que lo conocen, a veces policías, están metidos en el circuito, como actores.

Y la población, que está muy alarmada por el aumento de la criminalidad, no tiene ningún problema en ir a comprar repuestos robados, y saben que lo son, y que el robo de esa pieza pudo estar vinculado a un hecho violento.

Lo que se tiene que hacer es orientar los esfuerzos a que no los jueces, sino la Policía, el Ministerio Público y otras entidades estatales actúen con eficiencia.

Los delitos de bagatela son un problema. Un joven empieza robando celulares, carteras, garrafas. Reincide, siempre sale libre y años después se convierte en un delincuente que mata sin misericordia, ¿los jueces trabajan bien al dejarlo libre?
Si tomamos preso a ese muchacho, dejará de robar celulares para buscar la manera de comercializar droga dentro de la cárcel. Después de 10 años, será mas violento. ¿Cuál es el negocio?, mientras los que lucran con esto siguen en la calle y venden sus celulares, sus garrafas, y se hacen más ricos cada día. Esto no es política social, ni sensibilidad social, es pura tontería que hace daño, porque atrás se oculta la corrupción. Hablemos cuando haya acciones o políticas para desmantelar el comercio de garrafas. Lo demás es hipocresía.

Hoy, cuando un vecino pilla al chiquito robando su garrafa, llama al vecindario, y todos juntos lo linchan. En Bolivia la gente no confía en la justicia.
Lo entiendo, pero vamos al fondo. A ese muchacho alguien le compra esa garrafa por 10 bolivianos. Para que esto sea negocio, él debe venderla a alguien que adquiere 500 garrafas. Y así, esto va creciendo.

Un robo de garrafas es la señal de que hay un mercado ilegal donde hay gente que gana plata. Entonces, cuál es la lógica de enviarlo a prisión desde el punto de vista de la política criminal. Lo que realmente se necesitaría son tres fiscales que se pongan a investigar cómo es el mercado del robo de garrafas, dónde se compran, dónde se venden, que realicen estudios de los circuitos, y luego elaboren un plan para contrarrestarlos.

¿Así serían las bases de una política criminal coherente?
En un momento en el que hay un Estado con sensibilidad social, tiene que plantearse una pregunta: ¿cómo puede ser que a lo largo de las décadas, pasan los gobiernos y sólo metemos a los pobres en la cárcel?

Sólo los pobres, dice usted.
Vaya a ver a la cárcel, sólo los pobres están allí en Bolivia, Venezuela, donde sea.

Y atacar el problema.
Sí. Cuando el Código de Procedimiento Penal dice que no nos ocupemos de los delitos de bagatela, no es que no nos ocupemos del fenómeno criminal, sino que atendamos a los sectores donde podamos desbaratar el problema de fondo, los mercados.

¿Quiénes deberían participar en esto?
El Ministerio Público, la Policía y Ministerio de Justicia, de cabeza.

Y los jueces.
No nos metamos con ellos. Su función principal es defender las libertades públicas. En todos nuestros países hay una larga historia de abuso de poder. Entonces, los jueces son los encargados de proteger las libertades públicas, no de luchar contra la criminalidad.

Ellos tienen presiones.
El mejor negocio para una democracia es mantener un Poder Judicial independiente. Pidámosle a los jueces que preserven las libertades. Los demás, que se hagan cargo de la criminalidad.

“Bolivia no tiene cárceles vacías, no sólo que están llenas, sino que lo están tres veces por encima de su capacidad”.

“¿Cómo puede ser que a lo largo de las décadas, pasan los gobiernos y sólo metamos a los pobres a la cárcel?”.