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Un jefe político de la oposición declaró, “lo que al pueblo le preocupa es el precio del pan y de los alimentos para su familia y no los discursos políticos”, refiriéndose al tema de la inflación y de la escasez de alimentos. Después, un dirigente empresarial acusó al Gobierno de “privilegiar la agenda política y no la económica”.

¿La situación de la economía es tan calamitosa como la pintan? ¿Es real la pasividad del Gobierno? Es evidente que este último año se ha planteado el problema de la escasez y de la inflación que afecta a los bienes de la canasta básica. Es conocido que la causa de esto viene de antes.

La carencia es el resultado del modelo alimentario implementado en el país en las últimas décadas, contrario a la producción interna de alimentos básicos. Este modelo privilegiaba el financiamiento estatal vía grandes subsidios a los sectores agroindustriales de exportación como la soya y abandonaba a su suerte a la pequeña producción campesina productora de alimentos. El modelo correspondía a una estrategia de las corporaciones transnacionales productoras de alimentos e insumos agrícolas, con el objeto de generar la dependencia alimentaria del país y de los países pobres. La estrategia operaba mediante donaciones y exportaciones anuales de alimentos como el trigo y diversos insumos productivos a los países dependientes.

Esta estrategia neoliberal, basada en la teoría de las ventajas comparativas, abandonaba la soberanía alimentaria en perjuicio de la población campesina y consumidora urbana más pobre, pero en beneficio de los sectores productores internos más ricos, monopólicos y oligopólicos, así como de las corporaciones transnacionales. El “arma alimentaria” de las corporaciones transnacionales constituyó una estrategia eficaz para generar el atraso y la dependencia alimentaria.

Los gobiernos neoliberales no tomaron decisiones para defender la soberanía y la seguridad alimentarias. Ahora se sufre las consecuencias de varias décadas de políticas equivocadas.

La FAO definió que la soberanía alimentaria es “el derecho de los pueblos a tener garantizada su alimentación de manera suficiente a partir de su producción local y nacional, respetando su diversidad cultural y sus mercados locales. Se trata de un derecho humano fundamental, ligado a la construcción de relaciones comerciales justas a nivel internacional, al desarrollo de una agricultura local sostenible y al respeto de las condiciones laborales de los productores locales”. ¿Qué hicieron los gobiernos anteriores? ¿Cómo actuaron los empresarios y jefes políticos que actualmente elevan el grito al cielo?

El Gobierno no esperó a que estalle la inflación y la crisis alimentaria actuales para implementar un nuevo modelo alimentario basado en la soberanía y en la seguridad alimentaria. Desde julio del 2007 el Ministerio de Agricultura creó la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) con el fin de impulsar la producción interna de trigo, maíz, arroz, tubérculos y otros bienes de la canasta básica. Aún es temprano para alcanzar los objetivos de la autosuficiencia alimentaria, pero las bases de la soberanía y de la seguridad alimentarias están firmemente establecidas. Con esta iniciativa el país podrá acceder a la estabilidad de precios basada en el autoabastecimiento alimentario.

Contrariamente a Bolivia, la mayor parte de los países latinoamericanos y del mundo se encuentran con graves problemas de abastecimiento alimentario. Algunos de éstos eran autosuficientes e incluso exportadores de alimentos, sin embargo, las políticas agrícolas neoliberales los condujeron al déficit y a la dependencia.

La política económica del Gobierno impulsa a los diversos sectores productivos a ingresar a una nueva dinámica. Ahora todos los sectores productivos y de servicios se encuentran orientados al alza. Esto contrasta con lo que sucedía en años anteriores. Mientras el PIB promedio de los años 2003 a 2005 creció en 3,6%, entre 2006 a 2008 crecerá en 5,1%. Es decir, más del 40% de crecimiento, con un dinamismo mayor al promedio de América Latina. Para este año se espera un crecimiento de 5,93%, un 30% mayor respecto al año anterior. Entonces, no existe ninguna pasividad económica gubernamental, sino todo lo contrario.

Bernardo Corro
es doctor en Economía.