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Huntington en “El Orden Político en las Sociedades en Cambio”, a la pregunta, ¿cuál es la causa de la violencia y la inestabilidad en las sociedades? responde que, “en gran parte, es resultado del rápido cambio social y de la veloz movilización política de nuevos grupos, así como del lento desarrollo de las instituciones políticas”.

Esa tesis podría ayudarnos a entender la coyuntura. En 1952, el país ingresó en un proceso de transformaciones sociales y económicas, uno de sus resultados es el elevado nivel de urbanización del eje central. Más del 60% de la población vive en las ciudades del eje. Los niveles de analfabetismo en las áreas urbanas se han reducido y, aunque el aparato productivo es, fundamentalmente, generador de materia prima, ha desarrollado industrias como refinerías de petróleo, fábricas de aceite, de cervezas y bebidas gaseosas, textiles, etc. El país también cuenta con una amplísima red de medios de comunicación escrita, radio y televisión. El servicio de internet se extiende cada vez más a las poblaciones rurales. A pesar de ello, los índices de pobreza e inequidad en la distribución del ingreso son elevados.

Los sucesivos gobiernos posteriores a la Revolución, olvidaron que la institucionalidad económica del país no sólo requería de instituciones que garanticen la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos, que aseguren la estabilidad de precios y que garanticen el funcionamiento eficiente de los distintos actores económicos, sino que era necesario y prioritario contar con una institucionalidad capaz de contraponer, a la eficiencia del mercado, los criterios de justicia social, a través de los cuales el Estado debía proteger a los sectores más vulnerables, así como eliminar o disminuir, la exclusión de la sociedad.

Las poblaciones marginadas de la modernización, al haber accedido al conocimiento de cómo se vive en el mundo y en las principales ciudades del país, empiezan a plantear la necesidad de reivindicar su derecho a vivir mejor, mediante una serie de demandas que no han podido ser intermediadas con eficacia y eficiencia por los partidos ni satisfechas por el Estado. Demandas que no son exclusivamente de reivindicación económica sino que son políticas, que las actuales instituciones políticas no pueden satisfacer. Una de estas demandas es la manera cómo participarán —ante la debilidad y poca representatividad de los partidos políticos— las nuevas fuerzas sociales, como los movimientos sociales y cívicos, entre los principales, en el debate para la construcción de acuerdos sobre cómo serán distribuidos los excedentes de la renta hidrocarburífera o, en la definición de quiénes son los propietarios de los recursos naturales, renovables y no renovables, de la tierra e incluso del territorio.

La ausencia de mecanismos de participación que permitan a las fuerzas sociales participar en la definición de qué se distribuye, cómo y cuándo, plantea la necesidad de lograr un Nuevo Pacto Social, una nueva Constitución que responda a la demanda de amplios sectores de estar incluidos en la toma de decisiones políticas, así como a la demanda de descentralización de las regiones que se expresa en la demanda de autonomía.

La Constituyente debía proponer ese nuevo pacto. Lamentablemente, el Gobierno intentó imponer su visión, insistió en el carácter originario de la Asamblea. Sin embargo, en el juego del poder, la oposición no sólo logró que la Constituyente actuara como una Asamblea derivada y que las decisiones sean tomadas por dos tercios. Una fórmula justa, porque el Nuevo Pacto debía reflejar el criterio de la mayoría y garantizar los derechos de la minoría. Es más, al tratarse de las reglas de juego que definirán el comportamiento obligatorio de todos los bolivianos, el Nuevo Pacto debería ser el resultado de una mayoría calificada.

El Proyecto aprobado por la Asamblea está cuestionado por la forma en que fue aprobado. Por otro lado, la actual Constitución está dejando de ser el referente jurídico y social de los actos del Gobierno, del sistema político y de los ciudadanos ya que se observan frecuentes actos, e incluso leyes, que la violan. La ley del Referéndum Revocatorio y el Referéndum para aprobar los estatutos autonómicos ilustran esta afirmación.

En una sociedad institucionalizada existe un árbitro que, en Bolivia es el Tribunal Constitucional, su función es definir la constitucionalidad de una norma legal. Su descabezamiento ha ocasionado que el concepto de legalidad sea sustituido por el criterio subjetivo de legitimidad. Esto explica por qué las instituciones responsables de hacer cumplir la ley sean cada vez más inoperantes. Basta recordar el relevo del Comandante de la Policía de La Paz, luego de la manifestación, apoyada por el propio Gobierno, en contra de la embajada norteamericana. Ese comandante consideró que debía actuar en el marco del principio de legalidad protegiendo las sedes diplomáticas a diferencia del criterio de legitimidad que usó el ministro Rada al evaluar el desempeño de la Policía. Para el Gobierno, la Policía no debía reprimir a los manifestantes, ya que era legítimo que “los movimientos sociales”, protesten contra el Gobierno norteamericano y ataquen su infraestructura, poniendo en riesgo la seguridad física de quienes trabajan en esa institución.

El abandono de Sucre por la Policía en noviembre del 2007, y su retorno condicionado a que la sociedad civil le brinde las garantías para el cumplimiento de sus funciones muestra el absurdo al que hemos llegado. Absurdo peligroso, ya que como el criterio de legalidad es sustituido por el criterio subjetivo de legitimidad y de lo políticamente correcto, cada vez serán más las personas y los grupos, quienes hagan respetar sus derechos con sus propios medios, lo que puede llevar al país a una escalada de violencia mayor. Al final, si se continúa por este camino, los enfrentamientos aumentarán en cantidad e intensidad y podrían conducir al país a una situación de completo desorden si somos optimistas, o de violencia generalizada, si somos realistas.

Uno debería preguntarse si todavía es posible buscar y lograr un acuerdo negociado. No cabe duda que es posible, sin embargo, hay que tener claro que iniciar y desarrollar un proceso de negociación no será una tarea sencilla si se busca una solución de fondo que asegure la convivencia de los bolivianos en el largo plazo.

En esta coyuntura, la mayor dificultad radica en que los conflictos tienen un alto componente étnico y, en consecuencia, llegar a una solución de fondo implica tener la capacidad de entender y dar una respuesta a los miedos y necesidades de las partes en conflicto que no son únicamente las de alimentación, vivienda, salud, educación, seguridad física, sino también las sicológicas como el reconocimiento y respeto de la identidad que cada persona, grupo, etnia y pueblo tiene, de su autonomía, autoestima y sentido de justicia. También se debe reconocer que los miedos y necesidades colectivas se han combinado con factores objetivos como el de la tierra, territorio, recursos naturales (renovables y no renovables) y la composición étnica de los grupos en conflicto y, que al final, determinan cómo la sociedad percibe los intereses del Estado. Ello nos ha llevado no sólo a la generación de conflictos entre diversas regiones del país, sino también a conflictos intersocietales, con un fuerte componente étnico, que se está convirtiendo en parte de nuestra cotidianidad, exacerbando las tensiones e intensificando los conflictos.

Los acuerdos básicos que permitan encontrar soluciones de largo plazo, deberían empezar con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y la renovación de la CNE y las cortes electorales departamentales, sobre la base de un consenso que garantice la independencia de sus miembros y que tengan la confianza del Gobierno, las regiones y los partidos políticos representados en el Parlamento. Este proceso debería contar con el compromiso de los principales actores: Gobierno, prefectos y partidos políticos, para aceptar los fallos sobre la constitucionalidad y legalidad del proceso de aprobación del proyecto de Constitución y de los distintos referendos que ya se llevaron a cabo y los que se realizarán. En caso de que el Poder Judicial establezca la ilegalidad del Proyecto Constitucional, de los referendos autonómicos y del Referéndum Revocatorio, todos los actores tendrían que reconocer, por un lado, que la autonomía es un derecho de las distintas regiones del país, pero que sus atribuciones deben estar definidas, ya sea en la Constitución, o para respetar las particularidades regionales, haber sido aprobadas por el Poder Legislativo. Paralelamente, será necesario coincidir en la necesidad de garantizar una adecuada institucionalidad que permita encarar los miedos y necesidades de los distintos grupos poblacionales en general y de los étnicos en particular y, sobre este acuerdo básico, reformular el proceso de aprobación de un Nuevo Pacto Social.

Herbert Müller
fue Ministro de Hacienda