• EN EL PALACIO • Alfredo Rada (izq.) y Juan Ramón Quintana en conferencia, cuando en el Senado trataban el caso Yacuiba.

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El informe de la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial establece que entre los supuestos responsables e implicados en el espionaje se encuentran los ministros de Gobierno, Alfredo Rada, y de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, además del viceministro de Gobierno, Rubén Gamarra.

También se encontrarían involucrados el ex comandante de la Policía Nacional, general Miguel Vásquez, y el ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia, coronel José Luis Centellas, y otras seis personas vinculadas a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía.

La resolución argumenta que las autoridades incurrieron en las figuras delictivas de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución, coacción, delitos contra la libertad de prensa, violación de correspondencia y extorsión.

El presidente de la comisión, Luis Vásquez, manifestó que de esta forma terminan cuatro meses de trabajo. “En Bolivia hubo un proceso sistemático de vigilancia y seguimiento, no sólo a autoridades políticas, cívicas, periodistas, se siguió a niños, miembros de la Iglesia, del cuerpo diplomático, y esto es un delito”.

El parlamentario indicó que el proceso de vigilancia abarcó un período de dos años y medio, y que se contrató entre 150 y 300 personas que operaron en este tipo de servicios. Aclaró que también se sugiere un proyecto de ley para los servicios de Inteligencia. “Este tipo de servicios no tenía una resolución legal, no fue creado ni por resolución suprema, ni mediante resolución del Comando de la Policía”, aseguró.

El senador oficialista Félix Rojas rechazó el informe indicando que “está viciado de nulidad” porque, a consecuencia de la diferencia de criterios entre los componentes —tres de Podemos y dos del MAS—, se emitieron dos informes, de mayoría y minoría.

“El presidente nato del Congreso, Álvaro García Linera, hace 53 días solicitó la presentación del informe y el presidente de la comisión recién el viernes 3 de julio hizo la entrega”.

El documento fue aprobado en una segunda votación porque en un principio no se contaba con los dos tercios. Finalmente se aprobó con el voto de 13 senadores de Podemos, contra siete del partido oficialista.