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La Junta Corporativa que el presidente de la estatal petrolera, Santos Ramírez, inauguró una semana antes, aunque sin la aprobación del directorio de la empresa, deberá abarcar a partir de ahora esta nueva responsabilidad.

Según se informó en La Razón, YPFB todavía no ha tenido tiempo para tomar el control de la empresa Chaco, que acaba de anunciar que está reactivando el campo Santa Rosa a fin de incorporar 1,7 millones de metros cúbicos de gas natural al declinante volumen de producción nacional. Es un caso en el que una empresa con participación minoritaria toma una decisión correcta, y muy oportuna, sin esperar a que se lo diga el socio mayoritario, que es YPFB.

La empresa estatal también deberá ocuparse de recibir un taladro que Petróleos de Venezuela (PDVSA) embarcó con destino a Arica para que sea usado en la perforación de un pozo petrolero. Pero antes deberá localizar el lugar donde se haría la perforación, construir las vías de acceso, asegurarse de tener los tubos que deben acompañar al taladro y luego

esperar a que el pozo

sea exitoso.

Además, YPFB debe ocuparse de garantizar la provisión de combustibles en todo el territorio nacional, tarea que está descuidada, a juzgar por los reclamos de consumidores de La Paz, Pando, Beni, Cochabamba y Santa Cruz.

Y, por último, debe encargarse de resolver los problemas que surgen de los contratos de venta de gas natural a Brasil y Argentina, sin mencionar la prioritaria responsabilidad que tiene de atender el mercado interno, por el momento con volúmenes deficitarios.

Ahora, a todas esas tareas y otras más, YPFB añade en sus espaldas la de ocuparse de la conversión de motores a GNV y la venta de gas en el país después de haber decidido sacar de esas responsabilidades a las empresas privadas, aunque podría buscar la formación de sociedades con ellas.

Es probable que la decisión tenga fundamentos razonables, pero no parece inteligente haber hecho el anuncio de que las empresas privadas saldrán del negocio antes de que YPFB haya tomado una sola medida para sustituirlas.

En efecto, no existe en el país un solo surtidor de combustibles que haya sido instalado por YPFB y menos alguno que tenga los equipos para la venta de GNV.

Los talleres donde se realiza la conversión de los motores probablemente sean absorbidos por YPFB, junto con el personal con que cuentan. También se supone que los equipos que usan esas empresas sean comprados por la estatal petrolera; y quizá haya que sospechar que compre también los surtidores.

Pero estos anuncios precipitados han sorprendido a empresarios y consumidores. Todos se preguntan si YPFB ha tomado esta decisión calculando que la transferencia no cause problemas de abastecimiento, además de provocar incertidumbre.