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En inciso I del artículo 8 establece que ambos perderán el mandato si el resultado por la opción del No alcanza “un porcentaje superior a cincuenta y tres, setecientos cuarenta por ciento (53,740%) y una votación superior a 1.544.374 votos (los obtenidos en la elección del 2005)”.

No obstante, el crecimiento del Padrón Electoral provocó que el número de votos y los porcentajes fijados para la pérdida de mandato varíen considerablemente. Ahora 1.544.374 votos ya no representan el 53,740%, lo que podría provocar un conflicto al momento de la interpretación.

“Es imposible que el número de votos sea igual al porcentaje”, señaló el senador y presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Luis Vásquez.

De esto dependerá la interpretación de los resultados y hasta el momento el Congreso y la Corte Nacional Electoral (CNE) han deslindado esta responsabilidad. El presidente de la CNE, José Luis Exeni, dijo que se limitarán a enviar los resultados al Congreso y el Poder Ejecutivo, mientras los parlamentarios del MAS dicen que la CNE deberá decir quiénes fueron revocados y quiénes se quedan.

El registro electoral creció de 3.713.705 a 4.090.711 electores entre el 2006 y el 2008. “Por el crecimiento del padrón hay un número mayor de ciudadanos para hacer el cálculo”, apuntó el ex vocal electoral Jorge Lazarte. Similar criterio expresó el también ex vocal Óscar Hassenteufel, aunque éste último dijo que no importa cuántos ciudadanos voten, el porcentaje será la referencia para definir los resultados.

El senador y jefe de bancada del MAS, Félix Rojas, reconoció que “el número de votos va a variar”, pero coincidió en que el porcentaje será el que mande.
“Ahora debe haber más votos, pero el porcentaje es igual”, aseguró.

Otro problema es de las diferencias en los porcentajes para la revocatoria. A pesar de que ahora serán necesarios más votos para ser revocado o ratificado, los prefectos van al revocatorio con desventaja frente al presidente Evo Morales. La fórmula hace que “los que ganen pierdan y los que pierdan ganen, entonces ése es un atentado a un sentido elemental de la democracia”, advirtió Lazarte.

Por ejemplo, si el prefecto de La Paz, José Luis Paredes, logra un voto contrario de 37,99%, pero un apoyo de 60%, igual perderá su mandato, aunque haya recibido el respaldo de la mayoría.

De igual forma, con el 48,09% podrá ser revocado el prefecto de Pando (Podemos); con el 44,64% el de Beni (Podemos); con el 47,88% el de Santa Cruz (APB); con el 40,96% el de Oruro (MAS); con el 40,70% el de Potosí (MAS); con el 45,65% el de Tarija (CC); y con el 47,65% el Prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa (AUN), quien transmitió estos datos a la Organización de Estados Americanos (OEA).

“El Gobierno ha invertido todas las reglas para ser favorecido. La minoría se impone a la mayoría”, señaló Vásquez.

Ante estas observaciones, Podemos presentó un proyecto de reforma a la ley del revocatorio que fue aprobado en el Senado y que plantea un porcentaje de 50% más uno de los votos para la pérdida del mandato.

Con las actuales reglas de juego, Morales necesita más del 53,740% para dejar el cargo; es decir que si el voto contrario es de, por ejemplo, 50% más uno, continuará en el poder. El presidente de Diputados, Edmundo Novillo, dijo que las ventajas o no “las manifestará el pueblo en función al voto y al trabajo realizado por las autoridades”.

En opinión de Rojas, la fórmula no representa ninguna ventaja frente a los prefectos porque, a diferencia de las elecciones de diciembre del 2005, los bolivianos acudirán a las urnas con sólo dos opciones y consecuentemente les permitirá, explicó, captar votos de sus aliados políticos. En esa elección nacional participaron ocho organizaciones políticas.

En la elección de prefectos, en las regiones las fuerzas participantes variaron de tres a nueve partidos, alianzas y coaliciones políticas.

“No puede haber un revocatorio sin tomar en cuenta el anterior resultado. Ahora, el número de votos y el porcentaje es concomitante”, insistió Rojas.

No obstante, Lazarte advirtió que éste será otro factor de conflicto. “¿Qué pasa si los votos obtenidos por un prefecto no alcanzan al porcentaje requerido para su revocatoria, pero sí al número de votos absolutos fijados en la ley?”, cuestionó.

“Entonces eso crea una situación de incertidumbre tan grande que unos pueden defender los votos absolutos y otros el porcentaje”.

Hassenteufel evitó hacer un comentario puntual sobre la fórmula del revocatorio, pero opinó que el mecanismo “no deja de llamar la atención”.

Siete prefectos, excepto Reyes Villa, aceptaron someterse al soberano, aunque cuatro lo rechazaron de principio y cuestionaron su legalidad.

En Santa Cruz, una reunión de cívicos rechazó la consulta y demandó igualdad de condiciones fijando la fórmula de 50% más uno para todos.

Además de las observaciones de tipo técnicas, esta iniciativa tiene cuestionamientos en el orden constitucional, por lo que se presentó un recurso de inconstitucionalidad en su contra.

“Las ventajas o desventajas las manifestará el pueblo en función al voto y al trabajo realizado por las autoridades que irán al referéndum”.
Novillo

“Puede ocurrir que los que ganen pierdan y los que pierdan ganen. Entonces eso es un atentado a un sentido elemental de la democracia”.
Lazarte