La exigencia de la COB de realizar cambios radicales en la Ley de Pensiones ha tenido respuestas ambiguas por parte del Gobierno. Por un lado, se ha ratificado la intangibilidad de los ahorros de los trabajadores en el Fondo de Capitalización Individual (FCI), precisión necesaria vistos los antecedentes de este Gobierno en materia de confiscaciones, pero, al mismo tiempo, se ha anunciado la sustitución de las AFP por una administradora estatal. Sólo la Superintendencia del sector se ha manifestado con claridad, en el marco de sus atribuciones y de su autonomía; otro punto a favor de esas instituciones, cuando son dirigidas por profesionales idóneos.
¿Por qué el Gobierno ha decidido poner las manos en la lata del FCI?
Se me ocurren tres razones. La primera, coyuntural, es tratar de desactivar el conflicto de la COB —entidad que sigue ciega, muda y sorda ante los graves problemas de la inflación que castigan al pueblo—, ´cediendo´ en un punto de sus exigencias, tal vez con la ´yapa´ de algún cargo en los nuevos directorios. La segunda es de carácter ideológico: los adoradores del ídolo del Estado realizan, en la procesión que han emprendido, un recorrido más, mediante la estatización del FCI, operación que al Estado no le cuesta nada, o casi. La tercera es una arriesgada apuesta electoral con miras al nefasto referéndum revocatorio. No se necesita ser yatiri para prever la justificación de esta nueva ´nacionalización´: las AFP ´no cumplieron´, frase mágica que permite hacer y deshacer en el territorio nacional, y dar más laburo en el ámbito internacional a un neoministro. En efecto, si existieran problemas con la administración del FCI, lo lógico sería realizar cambios en el marco del contrato de administración.
Sin embargo, el Gobierno parece decidido a aplicar esa medida a como dé lugar. ¿Para qué? En primer lugar está en juego la administración de un patrimonio de más de 3.400 millones de dólares, el 74% del cual ya está en las arcas del Estado, por ser éste el principal deudor del Fondo. Se reeditará así la forma más descarada de vinculación financiera que tantos problemas ha traído al sistema financiero nacional en los últimos años. En segundo lugar, se generarán MAS-empleos, para los cuales los ´dantescobares´ de siempre ya deben estar haciendo cola. En tercer lugar, en vista de que las AFP son la más importante fuente de financiamiento de la economía del país, es posible prever la concesión discrecional de préstamos a empresas privadas en función del grado de simpatía con el régimen y, más grave aún, el despilfarro del FCI en proyectos de alto riesgo de las siempre más numerosas empresas públicas.
En consecuencia, sin entrar en mérito al problema de universalizar la renta de vejez, me temo que con esa medida seguiremos descendiendo por el báratro de la inseguridad (las AFP han depositado garantías bancarias internacionales) y se pondrán en riesgo, una vez más, los ahorros de más de un millón de trabajadores, (¡nuevos ´sándwiches´ a la vista!).
Por todo eso, presiento que, si no se revoca ese despropósito, sus promotores saldrán revocados, por sus propios méritos.
*Francesco Zaratti es físico.
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