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A dos semanas del referéndum revocatorio, en efecto, ha surgido un desesperado ímpetu por hacer una reforma de pensiones de parte del Gobierno y de la Central Obrera Boliviana (COB), pero con criterios excluyentes.

Una medida que ha de influir en las vidas de los ciudadanos a partir de ahora, tendría que merecer un tratamiento más cuidadoso de las autoridades y de los dirigentes cobistas.

Más de un millón de personas tienen aportes en el sistema de capitalización individual, aplicado hace 11 años en la última reforma de pensiones. El aporte de los bolivianos que creyeron en esa reforma suma 3.300 millones de dólares.

El Gobierno nacional propone un cambio que comience por excluir a las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las reemplace por un ente estatal, que se ocuparía de todo lo que ellas hacen actualmente.

Pero, además, la propuesta comprende la creación de un sistema universal de jubilación, que permitiría acceder a un monto mensual a quienes no aportaron lo suficiente para recibir una pensión, e incluso a los que jamás aportaron, ya sea porque no podían o porque no querían hacerlo.

La idea de la COB es más sencilla, pues plantea simple y llanamente volver al sistema de reparto, que existía antes de la aplicación del modo de capitalización individual. El sistema de reparto estaba en crisis cuando fue cambiado; por cada jubilado sólo existían tres trabajadores activos que aportaban, una aritmética imposible de mantener.

El debate ocupa a los miembros del Gobierno y a los dirigentes de la COB, aunque algunos representantes de los aportadores del sistema vigente han hecho saber su decisión de defender sus recursos, o por lo menos exigir que se les reconozca el derecho a decidir quién administra sus recursos.

Quienes conocen el tema dicen que el propósito gubernamental de reemplazar a las AFP con una empresa estatal terminaría poniendo al principal deudor a cargo de Fondo de Capitalización Individual (FCI). En efecto, el Estado boliviano le debe al FCI más de 2.000 millones de dólares, es decir, por lo menos el 60 por ciento del monto existente.

Ese detalle es el que pone nerviosos a los dueños de los recursos económicos, que temen perderlos y, de esa manera, quedarse sin los fondos que estuvieron ahorrando para jubilarse. Al fin y al cabo, dicen ellos, cuando se aplicó el FCI sus propagandistas lo anunciaron como una cuenta de caja de ahorro individual que nadie podía tocar.

La duda mayor es la que surge de quienes se preguntan de dónde obtendrá el Gobierno los recursos para una jubilación universal. Si todos los mayores de 60 años, ya sea que hubieran aportado en su vida activa o no, van a recibir una pensión, se está hablando de montos muy elevados.

No se trata ya de una reforma de pensiones, sino de un cambio radical que podría hacer que los ciudadanos no aporten más para jubilarse: sólo con llegar a la edad establecida comenzarían a recibir las pensiones, sea que hayan aportado o no.