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De lo que se trata es de tomar la exclusividad en la difusión de los programas oficiales y partidarios, sin dar lugar a que, por tratarse de una propiedad de todos los bolivianos, sea compartido con alguien más. Antes, el canal 7 difundía programas pluralistas, ya sea por contratos que le significaban un ingreso o porque se buscaba que sus emisiones fueran lo más diversas posibles, para lo cual se contrataba a productores de experiencia o prestigio en el exigente campo de la televisión.

Cuando había a la vista procesos electorales, se sorteaban espacios entre los partidos o agrupaciones que participaban en esas lides. Era evidente que los gobiernos de turno, unos más que otros, lo hacían a regañadientes, pero se sometían a las reglas del juego, porque efectivamente así lo disponen los estatutos y reglamentos del canal de televisión estatal.

Es igualmente cierto que los bolivianos han tenido que soportar gobiernos que hicieron uso discrecional de ese medio de comunicación para ganar adeptos e incluso incidir en aquello que es tan caro entre algunos políticos, y que lo fue más para los dictadores: el culto a la personalidad.

En la actual administración gubernamental, el canal 7 ha repetido la tónica de ser un instrumento de poder. Salvo raras excepciones, jamás se ha abierto a la difusión de manifestaciones ajenas a los intereses del MAS. De ahí que tampoco sorprende demasiado que se hubiera emitido un decreto por el que, lisa y llanamente, la voz y la imagen de ese importante medio de comunicación del Estado quedaron embargadas, monopolizadas, a las necesidades y conveniencias del partido de gobierno.

Por lo menos, por razones de decoro e incluso de ética, no requería poner en evidencia tal sectarismo. Sus adherentes seguramente dirán que se prefiere actuar de forma abierta y, por lo tanto, sin hipocresías; entonces, sus detractores tendrán nuevos argumentos para calificar a la actual conducción como propensa a la concentración del poder.

La democracia es sinónimo de pluralidad, es decir, el marco en el que se advierte la excelsa capacidad de admitir a los demás como parte de un sistema de gobierno que es de todos.

El vocero del Palacio de Gobierno, Iván Canelas, al explicar las razones del Decreto 29602, dijo que "el canal (7) tiene muchas dificultades en la adquisición de equipos, incluso en la contratación de personal, y lo que se está tratando es acelerar la posibilidad de mejorar el canal". Se refirió, sin duda, a las normas de fiscalización que deben aplicarse cuando se trata de bienes del Estado. Su existencia, sin embargo, se justifica porque es la mejor forma de combatir la corrupción.

Los demás argumentos del decreto y del Vocero resultan superfluos, a menos que detrás de algunos de ellos se escondan propósitos políticos que, lógicamente, son inconfesables.