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Eso es, por lo menos, lo que sugirió el canciller peruano José Antonio García Belaúnde, en un reciente comentario sobre el tema, reproducido en las páginas de los periódicos.

“Nosotros no le pedimos a Bolivia que firme un acuerdo comercial, le pedimos que opte por dejarnos firmar a los que queremos firmar y que ellos tengan un acuerdo más restringido, y eso es posible”, aseveró la autoridad peruana.

Si eso es así, el Gobierno nacional tendría que explicar al país y a la comunidad internacional las razones por las cuales mantiene ese comportamiento. En cuanto a lo interno, los bolivianos necesitarían escuchar por qué sus representantes ante semejantes foros sostienen con firmeza una actitud opuesta a los pactos comerciales entre bloques de países.

Por la delicadeza de estos asuntos, que comprometen el futuro de todos, es de esperar que se tengan criterios precisos sobre el particular, basados en principios firmes y coherentes.

La prensa peruana, que ha recibido explicaciones de su gobierno acerca de su posición, critica con dureza a la administración de Morales. Algunos columnistas de ese país han llegado a decir que los obstáculos bolivianos a un acuerdo con la UE marcan el momento para que el Perú abandone la CAN.

Los argumentos del Poder Ejecutivo y de los medios de comunicación peruanos hacen alusión a la necesidad de su país de abrir nuevos mercados para los productos de exportación, y que la UE es una de las regiones con mayor capacidad de consumo.

Hay que partir de la suposición de que el gobierno de Evo Morales tiene argumentos muy sólidos para oponerse a un acuerdo CAN-UE. Los medios peruanos han reproducido interpretaciones en sentido de que las autoridades bolivianas no se oponen a este acuerdo por capricho, sino por razones de geopolítica. Las simpatías de Bolivia con Venezuela serían la causa de este comportamiento, según esas opiniones.

La posición de Ecuador sobre este tema ha sido menos dura que la mantenida por Bolivia. Mientras tanto, Colombia está totalmente de acuerdo con Perú, pues tiene también una producción industrial que podría llegar al mercado europeo.

La administración de Morales, que promueve un cambio respecto de sus antecesores, maneja la idea de que las empresas extranjeras no deben introducirse en sectores sensibles, sobre todo relacionados con el manejo de materias primas.

Lo más conveniente sería que el Gobierno nacional aclarara bien de qué se tratan sus objeciones. Pero, principalmente, que esclareciera en qué se beneficiaría Bolivia de un eventual congelamiento —o fracaso— del acuerdo comercial que impulsan los bloques de naciones de la CAN y la UE.

Es probable que se esté calculando que, con esta medida, las inversiones europeas volverían a fluir hacia Bolivia.

Por el momento, las dudas son grandes y va en aumento la sospecha de que los intereses nacionales no han sido tomados en cuenta para la adopción de esta extraña postura.