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Según lo informado por el presidente de la República, Evo Morales, las primeras infraestructuras de Unibol funcionarán en La Paz, Cochabamba y Chuquisaca, y cada una de las sedes ofrecerá carreras que respondan a las necesidades de las regiones, especialmente las agropecuarias.

El anuncio ha recibido un sinnúmero de críticas por parte de diferentes sectores de la sociedad, que, para decir lo menos, han notado en ella un verdadero despropósito.

Al respecto, se pueden señalar varios puntos negativos que no habrían sido tomados en cuenta al momento de decidir que el país se embarcará en esta nueva aventura educativa.

En primer lugar, la medida viola el principio de la autonomía universitaria, puesto que es el Gobierno el que, de manera unilateral, decide crear las universidades indígenas. El sistema de la universidad pública ha quedado al margen de toda consulta y, así, no sería descabellado pensar en que el Poder Ejecutivo podría estar en puertas de crearse otro problema en el francamente amplio espectro de sectores disconformes.

Segundo, se vulnera el principio de la libertad de formación, porque se obligaría a los indígenas a enrolarse en las nuevas casas de estudios que, al parecer, serían exclusivas para ellos. Si esto fuera así, además, se forzaría a la ciudadanía no indígena a ingresar a otro tipo de universidades, generando una odiosa diferencia que no diría nada bien de un gobierno que alienta la inclusión social.

Tercero, se restringe el conocimiento de los futuros alumnos de las universidades indígenas, a los que, paradójicamente, se pretende privilegiar. Por supuesto que insistir con una enseñanza que respete la lengua materna no es malo, sino todo lo contrario, pero tampoco se puede limitar a ningún estudiante, pertenezca a la comunidad que fuera, en su relación con las demás culturas mediante el vínculo que posibilita el aprendizaje de otros idiomas.

Desde estos puntos de vista, la determinación gubernamental aparece como una discriminación a los integrantes de los pueblos indígenas originarios. Y va, abiertamente, en contra de la dinámica del mundo globalizado actual.

Ahora bien, ante las susceptibilidades creadas por esta medida, cabe realizarse algunas preguntas, a manera de reflexión. ¿Será que el expresado por el Gobierno es el verdadero propósito por el cual se crearían las universidades indígenas? Porque, si se repitieran las experiencias similares que se han dado en otros países, seguro acabarán siendo centros de formación política o, directamente, de adoctrinamiento ideológico.

¿No será que lo que se busca es evitar otorgarles directamente los recursos a los indígenas? Y, ¿por qué la diferenciación entre universidades citadinas y de pueblos indígenas?

La ministra de Educación, Magdalena Cajías, ha reconocido que faltan textos para la enseñanza en lenguas maternas y existen limitaciones en cuanto a los profesores. El proyecto hace aguas por todos lados, ¿en verdad la ministra estará de acuerdo con esta propuesta insostenible del Gobierno?