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Hasta ahora, el debate ha sido a tal grado violento como improductivo, pues ha cobrado dos vidas de mineros que bloqueaban la carretera en Caihuasi, pero no ha permitido que la opinión pública conozca muchos detalles de las propuestas.

Lo único que ha quedado claro es que el Gobierno descarta el proyecto de la Central Obrera Boliviana (COB) porque es inaplicable y sobre todo insostenible, debido a que provocaría un enorme déficit y haría crisis en 10 años, dejando como única huella de su paso una nueva generación sándwich.

De parte del ente aglutinador de los obreros se ha dicho que el proyecto del Gobierno supone una confiscación de los aportes de los actuales afiliados al sistema de capitalización individual, mientras libera de toda responsabilidad a los patrones.

La enfermiza práctica de la política boliviana ha hecho que este debate desemboque en bloqueos de carreteras antes de que las dos partes expusieran siquiera las bases de sus propuestas a la población. Eso de que los problemas deban resolverse en las calles y carreteras se mostró, una vez más, como un método violento, además de ineficaz.

El Poder Ejecutivo ha propuesto a la COB que los dos proyectos sean debatidos en el Parlamento, pero los dirigentes sindicales no creen que el tratamiento sea imparcial en ese escenario. Están seguros de que los congresistas del MAS votarán por el proyecto oficial sin compararlo con el suyo.

Este episodio viene a mostrar lo negativa que es la práctica política por la cual los parlamentarios no analicen los temas en profundidad y se limiten a votar por las consignas que reciben. Un Poder Legislativo que ha perdido su esencia desde hace bastante tiempo no inspira confianza.

Todo este conflicto está dejando abierta la posibilidad de que el Gobierno acepte la convivencia de administradoras de fondos de pensiones privadas y estatales, con lo cual se descartaría la idea original de una estatización secante.

Ahora bien, cuando se habla de una eventual conciliación de los proyectos que han sido debatidos en las manifestaciones callejeras y carreteras, queda abierta la posibilidad de que el proyecto gubernamental sufra nuevos ajustes.

Ese vendría a ser el primer beneficio que surge de esta situación: que el próximo sistema de pensiones no surja en medio de un proceso electoral —lo que, en los prolegómenos, ya ha ocurrido—; pero además, que la definición sea sometida a análisis en los que se incluyan criterios de racionalidad.

Una lección muy valiosa es la que deja este primer episodio de la discusión sobre el nuevo sistema de pensiones. Sería bueno aplicarla a otros temas, para que las decisiones relacionadas con la vida y el destino de los bolivianos dejen de ser tomadas de manera caprichosa, sólo porque así lo exige un calendario electoral o una urgencia política o social circunstancial.

Que la vida de los dos mineros caídos trágicamente en Caihuasi sirva de algo, para que se vayan corrigiendo las malas prácticas que tanto daño le hacen al país.