Un paso atrás en los derechos humanos
La Razón

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Joan Rivera y Raúl Romeva

El 17 y 18 de junio, el Parlamento Europeo sometió a debate y votación la Directiva de Retorno, también conocida como directiva de la vergüenza.

La articulación de las políticas de inmigración en la UE es una vieja aspiración de los y las europeístas, y también de quienes conocen de cerca la realidad de la inmigración, un fenómeno común al conjunto del continente. Esperábamos de la Unión una respuesta común a los retos de la integración, a los retos de la participación política de las personas migradas y, evidentemente, a la dramática situación de las personas que intentan acceder al continente europeo de forma irregular. Nada más y nada menos que el proceso ya iniciado tímidamente en el Consejo Europeo de Tampere en 1999.

Sin embargo, nada de ello hemos conseguido (...) La norma es de sobra conocida: 18 meses de retención por haber cometido una falta administrativa (vivir en Europa de manera ´ilegal´), prohibir el retorno durante cinco años, abandonando también a su suerte a los menores (que podrán ser repatriados incluso a un país que no sea el suyo), y legalizar unos centros de internamiento (que el mismo Parlamento condenó hace algunos años) que son una indignidad en la pretendida Europa de los derechos. La norma, además, como ya han señalado diversos juristas, supone una grave vulneración del derecho internacional, y en concreto de la Convención sobre Derechos del Niño de 1989 y de la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963, ambas ratificadas por el conjunto de países de la UE.

...consideramos una aberración en primer lugar, [los argumentos de] que la norma supone un avance en relación con la legislación vigente en muchos estados miembros de la Unión y, en segundo lugar, que dicha norma no tendrá efectos en España. En relación con el primer argumento, discrepamos rotundamente en la manera en cómo se pretende armonizar la legislación en la Unión (...) Y en relación con el argumento según el cual la norma no tendrá efectos en España, y sin entrar a valorar aquí la esquizofrenia que supone defender una norma porque no va a ser aplicada, nos gustaría recordar que una Directiva europea es jurídicamente vinculante en nuestro país, que el acervo comunitario forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno y que, siendo por lo tanto una norma que sí debe aplicar España, nada impediría, llegado el caso, adaptar la legislación española a los márgenes más duros de la misma.

Lejos queda ya aquella Europa que nos obligó a adaptar nuestra legislación a favor de más derechos, como por ejemplo los ambientales. La lógica parece ahora invertida. Por todo ello, nos oponemos a dicha norma. Porque supone una gran paso atrás en derechos, porque vulnera el derecho internacional, y porque establece una manera de construir Europa que rechazamos tajantemente. Y no estamos solos frente a ello (...) Todo ello cuestiona con más fuerza el lamentable papel del Gobierno español, que, según afirmó el ponente del informe del Parlamento Europeo que validó la directiva, el señor Manfred Weber, fue uno de los que más presionó para endurecer su contenido (...)