Pasada la contienda del 10 de agosto, en la que el objetivo era la ´legitimación´ de los actores —casi una pulseta política por el poder mediada por el voto ciudadano—, ahora queda una sensación de vacío y de incertidumbre casi similar a la que sentíamos antes. El fragor de las campañas electorales se centró en la descalificación del adversario y en la conquista de un voto consigna, tanto desde el oficialismo como desde la oposición.
Ahora, todos los actores sociales y políticos, e inclusive los sectores de la opinión pública nacional, hacen énfasis en la necesidad de abrir el diálogo como el siguiente paso después de la consulta ciudadana. Nada novedoso y hasta trillado, pero sin duda más beneficioso que continuar con esta alternancia de desafíos mutuos a que estamos sometidos.
Más allá de los aspectos positivos del acto electoral como, por ejemplo, el entusiasmo ciudadano por participar, que rebasó el 80%, así como el resultado de una jornada pacífica y sin mayores conflictos, queda abierta la gran pregunta respecto al sentido de este proceso, es decir, si con esta consulta se logró reducir la incertidumbre, si el camino se allanó para alguna de las fuerzas políticas en pugna, o finalmente si el soberano con su voto dirimió este dramático empate con el que estamos comenzando a acostumbrarnos a vivir y que nos tiene semiparalizados.
Ante la victoria contundente del Presidente y del Vicepresidente de la República, también está la victoria de cuatro prefectos opositores ratificados en sus regiones, a los que se suma la prefecta Savina Cuéllar, con lo cual nuevamente este precario equilibrio de fuerzas obliga a los actores a iniciar procesos de acercamiento. No es difícil imaginar las escasas posibilidades que tendría la intención de ciertos sectores oficialistas de tratar de imponer la Constitución de manera forzada convocando a un referéndum constitucional, esta vez, ante el grito desesperado de Podemos que tal vez ya no tenga un nuevo as bajo la manga. Pero menos auspiciosas aún son las posibilidades de la denominada Media Luna de aplicar regímenes autonómicos de facto mediante un simulacro de legalidad —la misma que ya no es ni siquiera un argumento válido a estas alturas— porque dichas autonomías no tienen futuro como tampoco sus ´gobernadores´, al margen de la gestión pública e institucional nacional. Lo cierto es que ambas intenciones son inviables en el mediano plazo, pensadas de manera unilateral.
Por tanto, antes de enfrentarnos a una nueva pulseta por el poder que provenga de la iniciativa de uno de los contendientes, es necesario trasladar la atención de los actores a las agendas, es decir, a los temas de preocupación nacional que permitan un espacio de entendimiento. Si bien el diálogo aparece como una estrategia desgastada y manoseada, se convierte en la única opción para avanzar. Habrá que poner en consideración de la sociedad ya no la decisión sobre quién es el más fuerte sino sobre qué se propone para destrabar la coyuntura y, sobre todo, para buscar soluciones estructurales a los problemas económicos, institucionales y sociales, la tarea pendiente y postergada de reformar el Estado. En esta puesta en común de preocupaciones nacionales tendrán que estar presentes todos los actores, movimientos sociales, cívicos, instituciones y otros, para fijar mínimos objetivos comunes.
*María Teresa Zegada es socióloga.
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