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Una Carta Magna abarca la integridad de los componentes de la vida nacional; por lo tanto, pone en juego todo tipo de intereses y definiciones políticas, económicas y sociales.

En circunstancia en que apresuradamente se trataría de darle viabilidad a su aprobación, el Gobierno tiene que reconocer que el proyecto de CPE fue elaborado y aprobado exclusivamente por los constituyentes del MAS y sus aliados, en medio de indicios de ilegalidad, siendo la última la revisión del contenido del documento en la Lotería Nacional por parte de una comisión conformada por asambleístas del oficialismo y, una vez más, sin la presencia de la oposición.

Pese a ello, de lo que más se habla en el ámbito de la política es de que solamente habría que compatibilizar ese proyecto de CPE con los estatutos de cuatro departamentos cuyas poblaciones, mediante referendos, optaron por la autonomía.

En un debate organizado por la Fundación Boliviana de Democracia Multipartidaria y la Fundación Ebert-Ildis, tres expertos en el área constitucional llegaron a la conclusión de que no serían insalvables las diferencias entre el proyecto del MAS y los estatutos autonómicos, pero que previamente tendrían que reconstituirse las condiciones para abrir un diálogo político. El evento se realizó la semana pasada y contó con la participación del constituyente Carlos Romero (MAS), del senador Carlos Böhrt (Podemos) y del abogado constitucionalista José Antonio Rivera.

Con anterioridad, la FBDM encomendó a Böhrt, Silvia Chávez Reyes y Andrés Tórrez Villa Gómez que analicen el proyecto de CPE y los estatutos autonómicos con la finalidad de determinar sus compatibilidades y diferencias. Sus conclusiones fueron recogidas en un informe titulado “Puentes para un diálogo democrático”.

Allí se establece que los documentos son incompatibles entre sí y que necesitan de un trabajo político para su concertación y adecuación. Los autores formulan, por ejemplo, esta propuesta: “Es fundamental retomar los acuerdos logrados en la Comisión Suprapartidaria (dirigida por el vicepresidente Álvaro García) para garantizar un acuerdo nacional sobre esa base institucional de legitimidad política”.

Por otra parte, el constitucionalista Carlos Alarcón escribió que el proyecto de CPE del MAS tiene 12 defectos estructurales que “le impiden convertirse en un auténtico pacto social de unidad e integración de los bolivianos”. Entre esos defectos menciona a la discriminación por razones étnicas; la representación política desproporcionada; el caos político con cabildos y asambleas populares; la superposición de la justicia indígena; y a la negación y superposición de las autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas.

El debate seguramente continuará, pero ojalá que los partidos confíen la última palabra a entendidos en la materia, que no se guían por el apetito político sino por la legalidad.