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“Como Gobierno respetamos la decisión de los poderes venezolanos, pero estamos obligados a velar por los intereses de nuestras empresas. Consideramos que ha habido un trato discriminatorio con Cemex y no entendemos por qué”, dijo el representante diplomático en declaraciones que reprodujo ayer el diario caraqueño El Nacional.

El embajador también reveló que la Secretaría de Relaciones Exteriores de su país envió el lunes 18 una nota oficial al titular de la cancillería venezolana, Nicolás Maduro, en la que expresó “su preocupación por el efecto de la expropiación de Cemex”.

El diplomático evitó pormenores sobre ese “efecto”, pero añadió: “Estamos en un período de reconstrucción de las relaciones bilaterales. Esperamos que esto siga siendo posible. Reaccionaremos según se desarrollen los acontecimientos”.

Las tres plantas de la filial venezolana de Cemex fueron ocupadas por sus obreros, autoridades y jueces, tras fracasar las negociaciones cumplidas en los dos últimos meses para fijar un precio concertado y tras cumplirse los 60 días que por la ley venezolana se concede para ello en casos de nacionalizaciones.

El embajador aseguró que su Gobierno y los directivos de Cemex esperaban que se mantuvieran las conversaciones hasta que las partes llegaran a un acuerdo sobre el precio de la empresa.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, ordenó a mediados de año la nacionalización de toda la industria cementera, para lo cual abrió un proceso de negociación para la compra-venta de Cemex, responsable por alrededor de la mitad de las 10 toneladas anuales de cemento producido en Venezuela, de la francesa Lafarge y la suiza Holcim, empresas que se reparten en partes iguales el resto de la producción. Caracas, EFE