• SALUD • El servicio de salud hoy es atendido prácticamente por los tres niveles de gobierno. Lo que se necesita a futuro, es una clara pero también flexible asignación de competencias y los recursos para cumplirla.

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¿Pacto fiscal sin pacto político? Si bien para todos está claro que cualquier pacto, el fiscal entre ellos, no es posible sin la voluntad política de pactar de los actores, un acuerdo fiscal es viable porque tiene que ver con la gestión pública hoy y permitiría resolver, entre otros temas, una de las mayores piedras en el camino, como es la distribución y destino del IDH.

Para el vicepresidente de la Federación de Asociaciones Municipales, FAM, Luis Revilla, por ejemplo, un paso inmediato es que al debate de la distribución del IDH se sume, como parte esencial, la eficiencia y el cumplimiento de objetivos, de ciertas metas de gestión, de parte de los tres niveles de gobierno. Hablar del destino del IDH, pero también de su efecto, el cual tendría que ser perfectamente medible, a fin de determinar la eficiencia del nivel de gobierno y ver cómo incentivarlo, si cabe el caso.

Pacto fiscal también es poner en práctica el principio de que los tres niveles del Estado deben garantizar que todo ciudadano, esté donde esté en el país, tenga un piso mínimo de servicios básicos cubiertos por el Estado, señala el concejal paceño Revilla.

Con respecto al IDH, el director del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, Javier Gómez, señala que un primer acuerdo es hacer frente a la volatilidad o suma variabilidad del precio de los hidrocarburos. Poner, por ejemplo, un piso y un techo a dichos ingresos; que cuando éstos superen determinado límite y las prefecturas y municipios materialmente no puedan gastar el dinero, con este excedente se cree un fondo, tanto para ayudar a las regiones más pobres como para un ahorro de largo aliento con el que se pueda enfrentar futuras y muy probables épocas de vacas flacas en el ingreso hidrocarburífero. Crear “un mecanismo para no gastarnos toda la plata ahora”, señala Gómez.

Otro aspecto del pacto es que pese a las críticas que se tenga a la actual distribución de los recursos (inequitativa o producto, en muchos casos, de presiones políticas), se la respeta, aunque siempre bajo el principio de que no se puede desarrollar más las desigualdades; que de hoy en adelante, cualquier distribución debe ser para reducir esas inequidades.

Para el economista José Antonio Terán, el pacto fiscal también puede ser una forma de garantizar la estabilidad macroeconómica del país, en el sentido de que, por ejemplo, metas de crecimiento económico o de reducción del déficit fiscal, es una responsabilidad de todos los niveles de gobierno. Con este pacto, se pueden fijar metas de estabilidad por tres o cinco años que vienen, insiste.

Como el IDH y otros ingresos que provienen de recursos no renovables, no serán eternos; con el pacto fiscal también se puede revisar e incentivar el esfuerzo fiscal de las regiones, su capacidad de generar recursos propios, acabando con la “cultura rentista” que hoy aún afecta al país.

La necesidad de un árbitro

El pacto fiscal también requiere de una suerte de árbitro o de una autoridad político-técnica que además de mediar y dirimir en caso de conflictos entre los niveles gubernamentales, controle y mejore los acuerdos a los cuales arribaron tres niveles.

Esta instancia de transparencia y de control del cumplimiento de las metas del pacto fiscal es lo que en otros países se denomina la Comisión de Relaciones Fiscales Intergubernamentales, señala el director del Programa de Apoyo a la Gestión de Inversiones Municipales, Gespro, José Antonio Terán.

Esta comisión debe estar formada por el Gobierno, los prefectos y los alcaldes, apoyados por un equipo técnico que pueda hacer el seguimiento a por los menos tres aspectos, señala Terán: a) el cumplimiento de las metas económicas e institucionales acordadas en el pacto; b) el buen desempeño del sistema de transferencias de recursos de un nivel a otro; que no haya retrasos burocráticos, por ejemplo; y, c) el mejoramiento del esfuerzo fiscal, de su capacidad de generar recursos propios, de los distintos niveles territoriales del Estado.

La Comisión de Relaciones Intergubernamentales también sería un “juez” que tenga la potestad de emitir dictámenes o fallos en temas administrativos del pacto fiscal; velar, por ejemplo, que un congelamiento de cuentas sea justo y oportuno.

Los actores del acuerdo fiscal

Para los expertos, un tema de importancia decisiva en la formulación del pacto fiscal son los actores, los “interlocutores válidos” del proceso.

Tanto el proyecto de nueva Constitución como los estatutos departamentales señalan la existencia de varios niveles de gobierno nuevos: las autonomías regionales e indígenas por lado del texto constitucional, y (por lo menos en los estatutos de Santa Cruz y Tarija) la vigencia de una administración provincial, que en el caso tarijeño incluso puede ser electa a través de elecciones directas.

Los especialistas advierten que es necesario resolver este aspecto, determinando con claridad los reales actores nacional y regionales que se beneficiarán y tendrán responsabilidad en el pacto fiscal.

Por principio, el pacto se lo establece entre los niveles de gobierno, pues además de los recursos, este acuerdo incluye a las competencias y atribuciones de cada nivel gubernamental administrativo.

Se plantea que los protagonistas del pacto fiscal, no sean más de tres: el Gobierno central, las prefecturas y los municipios; pudiendo lo regional, provincial e indígena ser incluidos dentro del esquema local, departamental y nacional.
Y es que a la hora de hablar de los participantes del pacto fiscal, se debe considerar sus recursos y competencias.

Incentivos y fondos regionales

Una de las herramientas de gestión más importantes para la viabilidad del pacto fiscal son los incentivos y los fondos de recursos destinados a ayudar a los niveles gubernamentales que así lo requieran.

En lo básico se trata de incentivar la eficiencia de la gestión. En el incentivo, se debe tomar en cuenta, además, los distintos costos de cada región: la ayuda según las necesidades concretas del nivel dado.

En cuanto a los fondos, se debe operar, recomiendan los especialistas, bajo la lógica de ver “cuánto has hecho y te apoyo, te premio”. Para la viabilidad de este tipo de colaboración, también se deberá resolver el tema de la burocracia estatal, en el sentido en que la misma no entrabe la cesión de recursos.

Un tema básico del pacto fiscal también es la generación de recursos propios por parte de prefecturas y municipios.

Aquí, es decisivo ampliar, tanto las competencias legislativas de cada nivel (que puedan crear impuestos), como fortalecer su capacidad institucional en el cobro, control y uso de los recursos propios recaudados entre la población local.

Ahora, en el manejo de los fondos, insisten los expertos, es importante que éstos se adecúen a los programas nacionales de crecimiento, como el Plan Nacional de Desarrollo.