Una insoportable levedad...
Carmen Beatriz Ruiz*

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La seguridad ciudadana es una cuestión del Estado en su conjunto y de cómo éste hace valer los derechos humanos, y no sólo de la capacidad del Estado para evitar la violencia privada y reprimir la delincuencia´. Este párrafo y los siguientes son del Informe Especial del Defensor del Pueblo sobre Seguridad Ciudadana en Bolivia, del año 2002.

´Las estadísticas oficiales muestran claramente el rápido deterioro que ha sufrido la calidad de vida de los ciudadanos en la última década. De un modo general se observa que entre 1990 y 2001 el número de delitos comunes se ha multiplicado por cuatro. (…) la Policía informa que diariamente se cometen 410 delitos, 303 faltas y contravenciones, cinco casos especiales y más de 100 atenciones de urgencia´.

´No obstante los significativos avances democráticos en diversos ámbitos públicos, el Estado no ha logrado consolidar, aún, mecanismos administrativos eficientes, controles adecuados ni ejercer un liderazgo institucional verdadero sobre la fuerza pública. Los aparatos de seguridad no sólo gozan de cierto margen de autonomía, sino, también, aparecen comprometidos, en muchos casos, con las causas de la creciente inseguridad. Las consecuencias las sufren los ciudadanos, sus derechos, que no son garantizados por el Estado y se ven violados casi sistemáticamente, tanto por un número creciente de personas dispuestas a aplicar violencia en contra de las demás, como por el insuficiente desarrollo y deficiente funcionamiento de los aparatos de seguridad´.

Difícilmente las y los ciudadanos podríamos no estar de acuerdo con este documento, elaborado por un consultor, que investigó y propuso las siguientes recomendaciones para enfrentar lo que calificó como ´grave crisis policial´: crear un Consejo de Seguridad Ciudadana que promueva un amplio diálogo nacional para enriquecer un diseño democrático, plural y participativo de la Policía de Seguridad Ciudadana; desplegar acciones de concertación nacional, regional y local; (…) promover articulaciones estratégicas de la Policía con la sociedad civil en sus múltiples expresiones en las que la participación de municipalidades y prefecturas es central por su eficacia para políticas de prevención primaria; control de armas; regulación del mercado de seguridad primaria; reforma policial que atienda su crisis de legitimidad y confianza pública, cambiar la organización de la Policía con ´predominio de formas castrenses, moderna administración de personal, desterrar la influencia política, fiscalizar y transparentar sus competencias de manejo de recursos económicos y aislarla de esa administración´.

El consultor del trabajo Informe Especial fue el capitán de ejército (r) Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, a quien le pregunto, ¿por qué en estos tres años en los que tiene poder y responsabilidad de Estado esas cosas no se hacen? ¿La Policía que actúa en Santa Cruz es la misma institución que analizó Quintana o por obra y gracia del espíritu masista se convirtió en niña buena? ¿Es la misma Policía que por su ausencia es sustituida por la ciudadanía en los linchamientos? ¿Es la misma policía que vende, duplica y sustituye los carnets de identidad?

La insoportable levedad de la gestión sobre institucionalidad en el país es que se trata de un deseo y no de un proyecto real para quienes están haciendo política y Estado. Discutimos institucionalidad en abstracto, y siempre estamos de acuerdo, pero al entrar a las instituciones ´de carne y hueso´ los baches son evidentes. Y la jodida, como siempre, es la gente.

*Carmen Beatriz Ruiz
es comunicadora social.