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El vicepresidente, Álvaro García, aseguró ayer que el prefecto cruceño, Rubén Costas, y sus colegas de Beni, Ernesto Suárez; de Pando, Leopoldo Fernández, y de Tarija, Mario Cossío, deberán responder por el uso de dineros públicos en la organización de esas consultas. “Tarde o temprano los prefectos que han llevado adelante una consulta carísima van a responder de ocho millones de bolivianos del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), que no fueron autorizados por este Congreso”, anunció.

Además, la autoridad señaló que “tendrán que responder de dineros que han usado para contratar, 15 días antes (del revocatorio), a funcionarios públicos para que voten a favor de ellos”.

Paralelamente, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, presentó ante el Congreso una demanda contra Costas y los diputados Wilfredo Áñez, Cathia Romero y Andrés Gallardo por la golpiza a policías, el 15 de agosto.

Se los acusa de los delitos de alzamiento armado, sedición e instigación a delinquir. El presidente de la Comisión de Gobierno, Gonzalo Lazcano, informó que investigarán el caso.

El abogado de Costas, Vladimir Peña, dijo que el Congreso no tiene atribución de juzgar.