A partir de la célebre (y muy irresponsable) frase de “… yo le meto nomás, legalicen ustedes (abogados) que para eso han estudiado”, expresada por el presidente Morales respecto de medidas adoptadas por su administración, me lleva a inferir, utilizando la misma lógica, que el Presidente también cuenta con un equipo económico-financiero extraordinario que demostraría también (“de meterle nomás”) que 2+2=5, y convencerían al mundo entero que así es y que las inversiones en Bolivia son seguras y rentables. Para ilustrar este punto quisiera tocar el tema en aspectos básicos en el sector de los hidrocarburos.
Veamos el tema de la expropiación de Transredes S.A. a la británica Ashmore Energy y a la holandesa Shell, la cual fue producto de no llegar a acuerdos básicos en una negociación presionada por plazos fatales (típico de la cultura de política a la boliviana), en donde el resultado final es una demanda de arbitraje contra el Estado boliviano por US$ 600 millones, que representan el flujo futuro de caja descontado a una tasa equivalente al riesgo y costo de oportunidad de inversión de Ashmore. En este sentido se me viene a la cabeza preguntas fundamentales de economía y sentido común. ¿Será que bajo la administración de YPFB se espera un retorno superior al 18%? (tasa de descuento utilizada por Ashmore), de ser así, se tendrán que tomar algunas medidas que están en contraposición con la política del Gobierno. En primer lugar se tendrán que ajustar las tarifas a niveles reales que generen el retorno apropiado tomando en cuenta futuras necesidades de financiamiento con mayor costo (la solvencia crediticia de YPFB es cuestionable), YPFB tendrá que estructurar de manera creativa el subsidio de la tarifa de exportación al mercado interno, ya que sabemos que por los problemas de inversión, a corto y mediano plazo, no habrá incremento en los niveles de exportación. Además de todo esto está el criterio de la generación de flujos de caja propio para las inversiones necesarias para ampliar y mantener el sistema. Por lo tanto, las tarifas de transporte de gas natural tendrán que ser reajustadas significativamente hacia arriba, con el consecuente efecto multiplicador en la economía del usuario final, y la implicación negativa en los proyectos (léase sueños) de industrialización del gas natural.
Los mismos conceptos en cuanto al retorno son aplicables a la matemática de la nacionalización del upstream, en donde se tienen que generar flujos de caja excedentarios que compensen el riesgo de los socios y el efectivo necesario (en forma de aporte de riesgo patrimonial) que precisa el desarrollo del sector. En este sentido, se tiene que pensar en una política de precios reales en el mercado interno, lo cual definitivamente atentaría a la política populista actual.
Otro ejemplo de la creatividad del Gobierno y su mágica matemática, es cuando YPFB atribuye los retrasos en la venta de Recon a una “nueva” estrategia de venta, como si contaran con una bola de cristal que asegure que los precios del crudo a futuro serán siempre mayores, y dilatar la venta generaría mejores precios cada vez (sin importar el valor del dinero en el tiempo), esto es inaceptable y absurdo a no ser que YPFB cuente con una opción financiera de venta (put) que le garantice un piso en el precio, lo cual es muy sofisticado para una entidad que tiene problemas fundamentales en todas sus áreas.
Señor Presidente, por más que sus brillantes abogados puedan legalizar lo ilegal, las leyes y principios fundamentales de la matemática y las finanzas no pueden ser cambiadas o discriminadas. Una “metida” de pata en temas legales tiene repercusiones en temas numéricos que tienen que ser considerados le guste o no, y su política actual no ayuda al país en el tema de sumar a la ecuación, sino al contrario, resta inversión, resta credibilidad, resta futuro.