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1. La violencia apenas ha llegado. Los hechos ocurridos desde la anterior semana en las regiones de la denominada media luna, que tuvieron un pico de tensión en las tomas y saqueos de oficinas del Estado boliviano en Santa Cruz, son apenas el inicio de lo que amenaza con convertirse en una larga batalla política cargada de violencia social de proporciones y consecuencias insospechadas.

A diferencia de circunstancias como la registrada en octubre del año 2003 en el forzado final del mandato del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando el enfrentamiento se dio entre las Fuerzas Armadas y la población, ahora lo que se vislumbra son inminentes choques de violencia entre grupos civiles diametralmente opuestos en identidades ideológicas y políticas.

Si en octubre del año 2003 fueron las Fuerzas Armadas de la Nación las que se enfrentaron a grupos civiles movilizados en La Paz y el altiplano, hoy son grupos civiles contra grupos civiles los que se tienden cercos, se provocan y se preparan para los choques.

En esa peligrosa estrategia, el Gobierno tiene responsabilidad porque por razones de cálculo político parece haber decidido mandar al frente de batalla a los movimientos sociales, mientras que los prefectos envían a unionistas o universitarios enardecidos a repartir golpes y fuego. Esas condiciones convierten al actual conflicto en uno de consecuencias imprevisibles. Entonces, no tiene el país un precedente similar en su historia reciente y, por lo mismo, el resultado podría incluso ser más trágico que en circunstancias pasadas.

2. El diálogo ha muerto. Si en algún momento nació arropado más por necesidades mediáticas que de auténtica convicción de las partes, hoy está muerto. El diálogo es un encuentro cordial, respetuoso, de voluntades que comparten cuando menos la intención de entenderse, se sientan en una mesa libremente y sin presiones y se proponen levantarse de allí sólo para darse la mano y anunciar soluciones.

En Bolivia, los actores políticos hoy confrontados no tienen ni voluntad ni sinceridad para dialogar; han alejado además las mínimas condiciones para hacerlo. Esta alternativa, que, sin lugar a dudas, era la más conveniente de todas —al menos la más civilizada—, ha quedado desplazada al campo de la retórica, cual si fuese una trampa para ingenuos.

El prolongado desarrollo de esta crisis ha terminado por demostrar que las partes en conflicto son incapaces de abandonar sus pretensiones —con frecuencia mezquindades personales—, pues esto implicaría, lisa y llanamente, renunciar a la naturaleza de su existencia. ¿Acaso el MAS está dispuesto a ceder en la revisión de su proyecto de Constitución Política del Estado, que, hoy por hoy, es su sustento como partido? Y la media luna, ¿tiene algún interés en abdicar a su exigencia de restitución del IDH o relativizar sus modelos de autonomía? Esos rasgos los hacen actores sin condiciones para el diálogo.

3. Muerto el diálogo, que venga la negociación. No tienen voluntad ni bases para el diálogo, aunque les sobran condicionamientos. Pero los actores continúan ahí. Y de alguna manera tendrán que entenderse, por el bien del país. Finalmente, ellos, como líderes, tienen una responsabilidad ante el presente y ante la historia.

Están obligados a entenderse, excepto que su voluntad sea la de someter el uno al otro a sus proyectos políticos, claramente excluyentes. Bolivia es un abanico de diversidades que deben respetarse y valorarse. No cabe, aquí, la posibilidad de renunciar al entendimiento ni a aceptar otras formas de vida que no sean las de convivencia en buena vecindad. Otra cosa implicaría dar paso a la división y la ruptura de la unidad nacional, cada vez más resquebrajada.

Por lo mismo, si los líderes no pudieron dialogar, están obligados a negociar, a poner sobre la mesa todas las cartas; quedarse con algunas, pero desprenderse de otras. No hay negociación sin cesión. Tienen la obligación de ceder para asegurar la subsistencia del país, que han puesto en riesgo, y este propósito difícilmente podrá cumplirse sin garantes inobjetados.

4. Los históricos mediadores nacionales están descalificados. Perdieron valor para la dimensión de la crisis boliviana, pese a los grandes servicios que instituciones como la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo han cumplido en favor de la nación en momentos de crisis severas.

Hasta hoy, la historia boliviana de encuentros y desencuentros políticos había hallado soluciones concertadas por la vía de la mediación interna. Y aunque en sí mismas esas instituciones gozan de variados y bien ganados prestigios, hoy han perdido valor, porque tanto el oficialismo como la oposición se han encargado de descalificarlas por razones diversas.

Parece, entonces, que la única manera civilizada de ir en busca de un reencuentro de las visiones de país contrapuestas, que en estos días intentan imponer sus posturas en las calles y por la fuerza, es, inevitablemente, la mediación internacional. El país necesita de actores internacionales neutrales, creíbles y con poder real, que garanticen una tregua, que pongan fin al discurso beligerante y hostil, que persuadan a las partes a ganar cediendo y a encaminar, finalmente, al país hacia una recomposición duradera del Estado democrático.

El momento político boliviano es singular. No hay, al menos en el continente, un caso similar de contraste interno como el nuestro. La crisis no se reduce a simples desavenencias sobre la nueva Carta Magna o la distribución del IDH, como pretenden minimizar los actores principales de esta pugna. Muchas naciones —bastantes más de las que se supone— están interesadas en una solución pacífica para este conflicto, con una preocupación sincera que a nadie debiera extrañar en este mundo globalizado del que formamos parte.

Esta conexión extraterritorial ha permitido desarrollar nuevas formas de entendimiento que se han ido perfeccionando a lo largo de los últimos decenios, gracias a bloques de naciones, a organismos y a personalidades internacionales, todos de reconocida actuación en el engorroso ámbito de la solución de conflictos, principalmente, bélicos.

La mediación internacional aparece ya no como la opción más aconsejable para la complicada situación de Bolivia, sino quizá como la única. En este callejón que agota salidas, la comunidad internacional debe intervenir de manera urgente para encauzar una negociación que desemboque en la pacificación del país y, fundamentalmente, en el reencuentro de los bolivianos, de todos los bolivianos.

Esperar a una convocatoria de las partes es un ejercicio inútil, como han demostrado recientes intentos tímidos. Y atribuiría a la comunidad internacional, cuando menos, una corresponsabilidad ética, por omisión, frente a lo que podría venir si no se reacciona con oportunidad.

Los violentos se mueven con más prontitud que los partidarios de la racionalidad. Detengamos la batalla en este momento, para que no se convierta en pieza de una interminable guerra. Las personas valen más que todos los cálculos políticos sumados. Este es el tiempo de actuar. Antes de que la diferencia nos cueste la vida…