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	Edición Digital - Domingo , Septiembre 14 de 2008

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El serio perjuicio por la escasez de combustibles

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Durante los pocos días en que el flujo de gas natural que Bolivia exporta a Brasil quedó disminuido, el gobierno del presidente Lula da Silva puso en marcha medidas de emergencia que estaban listas con anterioridad.
En ese y en otros países, los gobiernos acostumbran ocuparse de garantizar, por todos los medios, la provisión de combustibles a su población. En Bolivia, lamentablemente, las situaciones de escasez no tienen un tratamiento similar, porque no se trabaja en planes de contingencia para estos casos.
En las actuales circunstancias, falta gas licuado de petróleo en casi todo el país, no hay diesel oil y escasea incluso la gasolina, mientras que el gas natural está sometido a eventualidades impredecibles.
En Santa Cruz, en días pasados se denunció que YPFB no había entregado GLP, ni tampoco gasolina, con el pretexto del bloqueo. Lo que sí se perjudicó por esa medida de los departamentos que conforman el Conalde fue la llegada del diesel oil, que es importado de Argentina.
Pero en las ciudades afectadas por las protestas faltó incluso gas natural, siendo así que ningún gasoducto interno fue perjudicado por las movilizaciones. Del mismo modo, extrañó la escasez de gasolina o GLP.
Lo lamentable es que no se hayan tomado las previsiones suficientes para evitar estas situaciones. Por lo demás, aún continúa la sospecha, en las regiones opositoras, de que este problema se habría debido, en realidad, a una represalia gubernamental ante la crisis desatada en la denominada media luna.
La ciudad de La Paz ha sufrido un racionamiento moderado de combustibles y tampoco se ha informado de que el flujo de contrabando de garrafas al Perú se haya detenido.
Las autoridades de YPFB tendrían que ser designadas por el Congreso Nacional, a fin de que ese poder público las pueda llamar para pedirles explicaciones sobre este tipo de irregularidades. Respecto de las sospechas de que hubieran actuado de mala fe para perjudicar a las ciudades donde hubo protestas, tendría que ser una investigación pública la que establezca si eso es o no cierto, de tal modo que los responsables —si los hubiera— sean sancionados.

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