A las 22.30 de anoche arribaron a la terminal del Grupo Aéreo de Caza de El Alto los cadáveres de los tres normalistas que cayeron durante los enfrentamientos armados en la localidad pandina de Porvenir, un número no precisado de heridos y 96 normalistas que pidieron ser evacuados. Los familiares de los muertos exigieron al Gobierno, desde el viernes, el traslado de los cuerpos. Ayer permanecieron todo el día en los alrededores del Palacio de Gobierno, como medida de presión. “Si no nos escuchan vamos a tener que asumir otras medidas, tienen que cumplir con su compromiso, amenazó César Copa, tío de uno de los fallecidos. Después de la entrega de los cuerpos a los familiares de las víctimas, el ministro de Salud, Ramiro Tapia, aseguró en conferencia de prensa que “los jóvenes han sido víctimas de las armas de fuego de la gente contratada por Leopoldo Fernández”. “Hemos estado en Filadelfia y el relato de la gente es estremecedor, porque nos dicen que han sido objeto de persecuciones por ser collas”, añadió la autoridad. Los fallecidos son los primos Wilson Castillo Quispe y Alfonso Cruz Quispe, y Jhonny Cori Sarsuri, que serán sometidos hoy a una autopsia y luego velados en instalaciones de la Federación de Maestros Rurales de La Paz. “Lo único que pedimos nosotros es justicia, queremos ver al Prefecto de Pando en la cárcel”, dijo con lágrimas en los ojos la madre de Wilson Castillo. El Ministro de Salud explicó que entre los normalistas evacuados están jóvenes de Cochabamba, Oruro, Potosí y La Paz. Lidia Nuni, familiar de uno de los estudiantes de la Normal, explicó que ante la imposibilidad de ingresar a un instituto en La Paz, su familiar y otros jóvenes del interior del país optaron por irse a Pando a una unidad académica de reciente creación. Explicó que el instituto primero funcionaba en la población de Puerto Rico, pero que enfrentaron problemas y fueron expulsados por la gente que estaba vinculada a la Prefectura de Pando. “Por eso se fueron a Filadelfia”, comentó Nuni. “Esta gente ha sido víctima de una persecución permanente”, manifestó Tapia, quien aseguró haber evidenciado que el racismo se estaba imponiendo en las poblaciones pandinas. El ministro de Defensa, Walker San Miguel, por su parte, aseguró que las muertes no quedarán en la impunidad. En ese marco, le pidió al fiscal general de la República, Mario Uribe, “que el país y la sociedad en su conjunto esperan que emita los mandamientos de apremio contra Fernández”.