El diálogo se inició con marcadas diferencias entre Gobierno y prefectos y la intención de incorporar a las negociaciones temas no incluidos en el preacuerdo que posibilitó el acercamiento entre las partes en conflicto.
Mientras se planificaba el desarrollo de la reunión, surgieron demandas de inclusión de temas que no estaban en agenda, como la capitalidad plena exigida por la Prefecta de Chuquisaca, la ampliación del número de hectáreas que se pondrán a consideración en el referéndum dirimidor sobre tierras y el fortalecimiento de la autonomía municipal.
Como base del diálogo se definieron tres temas: el debate sobre el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la nueva Constitución Política del Estado y las autonomías departamentales y la designación de autoridades judiciales y electorales.
Representantes de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) se presentaron en el lugar para plantear que “se destinen los excedentes de los recursos de lucha contra la pobreza y los no ejecutables a proyectos de desarrollo regional, lo que serviría para la creación de un fondo que ayude a las prefecturas a ejecutar proyectos concurrentes con los gobiernos municipales, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo”, informó Luis Revilla, vicepresidente de la FAM.
Unidad Nacional llegó con otra propuesta: que la consulta sobre tierras en el referéndum dirimidor proponga una opción superior a 8.000 hectáreas y no a las 5.000 como señala el proyecto constitucional, ya que esto afectaría a 2.500 propiedades productivas en el oriente, según explicó el diputado Alejandro Colanzi, representante de UN.
La prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, llegó con el planteamiento de incorporar en el debate la demanda de capitalidad plena para Sucre. “Esto vamos a pelear hasta la muerte si es necesario”, advirtió.
No obstante, el vocero del Gobierno, Iván Canelas, recodó que ya existía una agenda predefinida. Redacción, Cochabamba