La CPJ condena que sólo prensa del oficialismo acceda a informar El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) pide al Gobierno y a los prefectos garantizar que todos los medios puedan desarrollar su labor en plena libertad.
EN EL HOSPITAL • Farell, fotógrafo del diario cruceño El Deber, sale del nosocomio donde le suturaron la cabeza, el 15.
Tras la creciente ola de ataques violentos y amenazas contra periodistas que cubren el conflicto civil en distintas regiones de Bolivia, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) exhortó a las autoridades nacionales y departamentales a asegurar que todos los medios puedan cumplir con su labor informativa en libertad.
“Es alarmante que periodistas sean atacados e impedidos de cubrir el conflicto que está afectando a Bolivia”, señaló Carlos Lauría, coordinador senior del Programa de las Américas del CPJ. “Instamos a las autoridades nacionales y departamentales a asegurar que todos los medios, no sólo los estatales, tengan acceso libre de obstáculos a todas las regiones de conflicto y que puedan cumplir con su trabajo sin temor a represalias”.
En un comunicado, la CPJ recuerda la serie de ataques y agresiones a la prensa durante los días en que la crisis se profundizó. El material es desarrollado de manera íntegra a continuación.
El martes en la madrugada, atacantes no identificados hicieron detonar un explosivo de fabricación casera contra las oficinas de la estación de televisión privada canal 9, de la red Uno, en Cochabamba. Nadie resultó herido en el ataque que ocasionó serios daños materiales, según el diario Los Tiempos de Cochabamba. La televisora había recibido amenazas antes del ataque, sostuvo la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) en un comunicado. Las autoridades han comenzado una investigación sobre el incidente.
También el martes, alrededor de las 13.00, un equipo de la televisora privada PAT fue insultado y atacado con piedras por un grupo de militantes progubernamentales mientras cubría una protesta en El Alto, cerca de la ciudad capital de La Paz.
El técnico Miguel Chuquimia recibió tratamiento en un hospital por un corte en una de sus cejas, según el diario La Razón de La Paz. Al mismo tiempo, un grupo de estudiantes universitarios de La Paz intentó irrumpir por la fuerza en las oficinas de las cadenas privadas PAT y Unitel, pero las fuerzas policiales dispersaron al grupo con gases antes que pudieran ingresar a los edificios, de acuerdo a La Razón.
El periodista Christian Peña y el fotógrafo Ángel Farell, del diario El Deber de Santa Cruz, fueron atacados el domingo por un grupo de campesinos simpatizantes del Gobierno, según el grupo regional de prensa Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
Los dos reporteros cubrían un enfrentamiento entre campesinos y grupos de oposición que intentaban despejar una ruta bloqueada en el pueblo de Tiquipaya, señaló IPYS.
Los periodistas de El Deber fueron empujados al suelo y golpeados con palos. Peña pudo escapar, pero sufrió algunas contusiones, mientras que Farell sufrió una seria herida cortante en la cabeza que necesitó 15 puntos de sutura, informó El Deber.
La ANP y otros grupos de prensa indicaron que el Ejército boliviano impidió a varios periodistas de medios privados cubrir el período que siguió a los hechos de violencia en la ciudad de Cobija, en el departamento de Pando, donde más de 12 personas resultaron muertas.
Un periodista del diario La Razón y reporteros de las televisoras privadas PAT y ATB fueron obligados a regresar a La Paz ya que el Ejército sostuvo que Cobija no era seguro para la prensa, según informó La Razón.
La ANP y otros medios bolivianos señalaron que integrantes de la televisora estatal, el canal 7, recibieron un tratamiento preferencial al permitírseles permanecer en Cobija.
En otro incidente, la periodista Claudia Méndez de la red privada de televisión PAT recibió el viernes 12 un impacto de bala en uno de sus tobillos mientras cubría una operación militar en el aeropuerto de Cobija.
Además de la CPJ, otras entidades nacionales e internacionales y la Iglesia Católica se han pronunciado en contra de la restricción de la libertad de prensa y la libertad de expresión.