• BUSCANDO ACUERDO • Los prefectos de cinco regiones opositoras al Gobierno (der.) y el vicepresidente Álvaro García Linera sentados en la mesa de negociaciones instalada el pasado jueves en Cochabamba.

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Si bien ahora, en el país, los actores políticos y sociales se disputan por la distribución de los recursos del IDH, en la mesa de diálogo aún se debate como hacer sostenible la renta Dignidad, un bono para mayores de 60 años que se paga con ese impuesto.

“La sostenibilidad de esos recursos pasa por un incremento de la producción y también un aumento de las exportaciones del gas boliviano”, afirmó el ex delegado presidencial para la revisión y mejora de la capitalización, Francesco Zarratti.

“Una vez más, no se trata sólo de pelear el pedazo de la torta que le toca a cada uno, sino de incrementar el tamaño de la torta”, afirmó la ex autoridad.

El economista Fernando Campero Paz coincide en que la garantía para que los recursos de este impuesto crezcan o se mantengan en el tiempo está en la inversión que realicen empresas petroleras o la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el sector, para así cumplir con los contratos actuales o para ampliar los mercados a Paraguay y Chile, regiones que necesitan el hidrocarburo.

“Mercados hay de sobra, lo que falta es inversión para cumplir con los contratos actuales y además buscar otros nuevos que permitan obtener más recursos para distribuirlos en el país”, asegura el analista económico.

El IDH fue establecido por la Ley 3058. Es un impuesto que pagan al Estado boliviano las empresas petroleras que explotan los hidrocarburos en Bolivia.

La coparticipación del IDH establecida en la mencionada norma, establece que más del 50 por ciento de estos recursos se destine a los departamentos, por lo que queda alrededor del 31 por ciento para el Tesoro General de la Nación, ello convierte al IDH en una fuente interesante de recursos para las regiones.  Sin embargo, a raíz de esta distribución, el Gobierno y las prefecturas han entrado en una pelea que hasta el día de hoy no se puede resolver.

Para el Alcalde de Villamontes, una de las regiones productoras de hidrocarburos, Rubén Vaca, el problema no sólo está en la distribución de los recursos del gas, sino también en la inversión de este dinero que permita garantizar su multiplicación y beneficio en el tiempo. “Esa es la única manera de mirar hacia el futuro”.

“Este gobierno habla de industrializar el gas, pero hasta ahora nada. Deberíamos invertir. Si me preguntan qué hacer con los recursos del gas acá en Villamontes, yo estaría de acuerdo en que todo el dinero se vaya a la inversión en una planta de urea y así se garantizaría la sostenibilidad de ese dinero del gas en el tiempo”, propuso la autoridad municipal de esa región.

Campero también recomienda que para generar más inversiones y recursos se debe dar estabilidad jurídica a las empresas que quieren invertir en el área energética del país.

Por ahora, el acuerdo entre Gobierno y Prefecturas garantiza el pago de la renta Dignidad. Sin embargo, aún se discute cómo lograr la sostenibilidad del bono.

Una de las propuestas que llegó hasta la mesa del diálogo es la de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), que recomienda que el pago de la renta Dignidad se realice con los excedentes del IDH y también propone crear el Fondo Condicionado de Inversión Departamental, el cual estaría formado por el 15 por ciento del IDH de, por lo menos, el TGN, las prefecturas y los municipios.

Para consolidar el primer elemento de la propuesta de los municipios se establece que la renta Dignidad se pague con los excedentes del IDH, que este año por el incremento del precio del petróleo sobrepasaron 800 millones de bolivianos.

El vicepresidente de la FAM, Luis Revilla, aseguró que “la sostenibilidad de la propuesta está garantizada por lo menos hasta el año 2013 ó 2014, pues se estima que vamos a mantener estos niveles de producción y precio”.

El Gobierno habla de industrializar el gas y hasta ahora nada“. R. Vaca.

Puntos de vista

“Hay que crear un fondo de compensación”
Francesco Zaratti, ex delegado capitalización.

Un pacto fiscal debe tomar en cuenta que La Ley 3058 ha sido demasiado generosa con las regiones y avara con el Tesoro General de la Nación, pero esta distorsión debe revertirse mediante un diálogo racional y no a la mala, como ha hecho el Gobierno hasta ahora, por claros motivos políticos. El bono Dignidad es irreversible y las prefecturas deben contribuir a ese fondo, ya que ese bono se invierte en el propio departamento; las regiones deben involucrarse más con el crecimiento de la renta petrolera, por ejemplo invirtiendo parte de sus recursos en YPFB, a cambio de una fiscalización estrecha, o exigiendo una compensación en cuota accionaria por las acciones del ex Fondo de Capitalización Colectiva que han llegado gratis a YPFB. De paso se evitaría que la gente vea a YPFB como una empresa del MAS, en lugar de una empresa de todos los bolivianos. Finalmente hay que hacer ajustes periódicos de los porcentajes de cada institución o bien crear un  fondo de compensación concursable, con el fin de compatibilizar las aspiraciones de desarrollo regional con la equidad hacia todos los habitantes del país, o sea un equilibrio entre región y población.