• LA VIGILIA • Cuatro mujeres llegaron ayer en la mañana a las puertas de La Posta, en la cárcel de San Pedro (La Paz). Vigilaban que el prefecto suspendido de Pando no salga del penal.

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Un confinado, según la Constitución, puede ser conducido a otro departamento o provincia que no sea malsana, pero no menciona que sea una cárcel.

Según ANF, anoche en el Palacio Quemado se reunieron el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Luis Trigo, dirigentes de sectores sociales oficialistas y la abogada Mary Carrasco, convocados por el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, para definir la situación de la autoridad pandina.

El presidente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Édgar Patana, señaló que durante la jornada se realizaron dos reuniones para determinar estrategias destinadas a evitar que Fernández sea trasladado a Sucre, tal como pidió el viernes la Corte Suprema de Justicia.

“El prefecto Leopoldo Fernández se encuentra detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro, esa es su condición jurídica. Mientras permanezca bajo el mandato judicial y el mandamiento que ha dictado el juez cautelar, su condición es de detenido en el penal por delitos de terrorismo y otros”, sostuvo ayer desde Brasil el ministro de Defensa, Walker San Miguel.

Por su parte, la titular de Justicia, Celima Torrico, manifestó que Fernández continuará en prisión y añadió que se harán “aclaraciones jurídicas” al respecto, en caso de ser necesarias.

“Leopoldo Fernández está confinado y detenido en la cárcel de San Pedro, él está en la cárcel y va a seguir allí. Si hay que hacer alguna aclaración jurídica, la vamos a hacer, pero Fernández va a seguir en la cárcel”, acotó.

Carlos Mostajo, uno de los abogados de Leopoldo Fernández, informó que usarán “todos los recursos y tratados internacionales” para defenderlo.

El jueves 18, el juez Dávila, en una audiencia de medidas cautelares, envió a Leopoldo Fernández a la cárcel de San Pedro porque existía la posibilidad de que cometiera el delito común de terrorismo.

Al día siguiente, a través de un auto supremo, la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia pidió que tanto el expediente como el detenido sean trasladados a Sucre. El sábado, Dávila fue recusado del caso, y el lunes, el juez 6º de Instrucción en lo Penal, Álvaro Melgarejo, dispuso acatar las órdenes de la Corte Suprema.

Sin embargo, el martes, el ministro de la Sala Penal, José Luis Baptista, indicó que la Corte Suprema aguardaría la culminación del confinamiento para luego reanudar el proceso.

Este argumento fue refutado por otro de los defensores de la autoridad, Karlo Brito, quien ayer aclaró que la Suprema no notificó oficialmente esta determinación y, por lo tanto, el traspaso a la ciudad de Sucre sigue vigente.

“Se deben remitir los antecedentes y al detenido sin chicanas´. Ayer, el juez Melgarejo corrigió el error de la notificación a San Pedro, en la que dijo que a Fernández se lo acusaba de genocidio, no terrorismo.

“Leopoldo Fernández está confinado y detenido en San Pedro, está en la cárcel y va a seguir allí”.
Celima Torrico, ministra de Justicia.