Las ONG han venido insertando el estudio de la gobernabilidad sistemática y masivamente en sus rentables ofertas formativas. No obstante, ni con centenares de flamantes líderes del cambio y gestores públicos los problemas relacionados con la gobernabilidad parecen acabar.
La gobernabilidad como definición, allá por los años 70, fue el resultado de la inducción teórica de los factores que se verificaron causales de lo ingobernable. La sobrecarga de demandas o las demandas excesivas formaban una parte de su complejo contenido causal. Los bienes y servicios que debía o no aprovisionar el Estado a la sociedad estaban en el dominio de la deliberación política sindical. Bajo ese esquema de discusión, la lógica sindical de intermediación se veía
seriamente desafectada de responsabilidad. Los líderes sindicales competían dentro de sus organizaciones en función de quién era capaz de presionar más al Gobierno a fin de cobrar verdaderas, magnificadas e inventadas deudas históricas, justas necesidades y/o derechos irrenunciables. En ese marco, la irracionalidad, la pasión y los discursos excedieron los límites posibles de financiación y razonabilidad; y así el “estado de bienestar” se desplomó en bancarrota.
La anterior lógica participativa se dedujo que está alentada por la estructura competitivamente perversa de los incentivos en la intermediación sindical. Esa fue la que se intentó racionalizar con el llamamiento a la gobernabilidad. Posteriormente se demostró que la competencia, por ser el mejor intermediario, exigía incrementar las demandas a mayor y radical postura y se elegían los más vociferantes, prepotentes y radicales puesto que les daban mayor confianza a la hora de defender sus intereses corporativos y particulares en detrimento de los colectivos y generales.
Los líderes sindicales y de los movimientos sociales compiten para ser tales pero, además, son comparados con sus congéneres de otros movimientos y sindicatos. Es toda una ostentación de poder verbal y teatral. Resulta que los incentivos intrasindicales e intersindicales a la hora de intermediar parecen ser definitivamente perversos.
Por lo dicho, muchos estudiosos plantean serias dudas a la sostenibilidad de la democracia, sobre todo si median este tipo intermediarios con este tipo de incentivos en la representación sindical y de movimientos para el cambio. Podríamos decir también que hace más de 30 años, en el informe de la Comisión Trilateral evaluado por Huntington, Crozier y Watanuki (1975), ya se había dado a conocer teóricamente el primer tipo de liderazgo negativo que puede derivar en crisis, bancarrota y hasta deslegitimar lo democrático; exacerbando y excediendo los límites de razonabilidad y financiación de las necesidades, tal y como se compite en un mercado sin regulación.
Para que estos líderes depongan sus perjudiciales pero rentables formas de intermediar, se suele creer que hay que pasar por una severa crisis de representación, o bien, institucionalizarlos en partidos políticos, ya que de este modo —el último— asumen una responsabilidad política de representación y de programa, por lo que al final son votados por la ciudadanía a favor o en contra.
¿Alguna ONG estará interesada en hacer responsable a la esquizofrenia que hoy vivimos de representación racista y corporatista, o será que eso se vende poco en el mercado político actual?
*William Kushner es especialista en Opinión Pública.
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