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El diálogo político entre el Gobierno y las prefecturas opositoras, después de 17 arduos días de trabajo en Cochabamba, terminó en una nueva frustración para los bolivianos. Un acuerdo no sólo pudo haber pacificado al país, sino haberle dado certidumbre; se ha perdido otra oportunidad.

Este fracaso representa un atentado contra el desarrollo nacional y la necesidad que tiene toda sociedad de vivir en paz y armonía. Ni siquiera la presencia de observadores internacionales, algunos de ellos de elevado rango político en sus respectivos países, posibilitó la consecución de los resultados esperados. Apenas consensos parciales, con avances en las mesas técnicas respecto a aspectos importantes pero todavía limitados como para contentar a las partes en este conflicto.

El tema crucial pasó a ser la nueva Constitución Política del Estado (CPE), y, en él, nadie cedió. Bajo la presión de los asambleístas del MAS, que habían advertido que no se movería “ni una coma” del proyecto redactado entre Sucre, Oruro y La Paz, además del anuncio de un cerco al Congreso por parte de los denominados movimientos sociales, con el propósito de obligar a los parlamentarios a aprobar la ley de convocatoria al referéndum dirimitorio y constitucional, el Gobierno y los prefectos opositores nunca pudieron encontrar una salida negociada.

El MAS descartó el pedido de la llamada media luna de revisar el contenido del texto que la ciudadanía tendría que aprobar o rechazar en un referéndum. En definitiva, la oposición simplemente se limitó a pedir una auditoría integral al Padrón Electoral, al Registro Civil y al Programa Nacional de Identificación Gratuita.

Un día antes del frustrado acuerdo, el presidente Evo Morales reveló su plan de reelección presidencial, que incluye la aprobación del proyecto constitucional hasta febrero y la convocatoria a elecciones generales hasta junio del 2009.

De permitirlo los movimientos sociales, que tienen previsto marchar de Caracollo a La Paz desde el lunes, el Congreso Nacional debería ser el escenario natural de un debate político, entre los legisladores del oficialismo y de la oposición, sobre el proyecto de ley de convocatoria al referéndum constitucional.

La sesión congresal sería el miércoles 15 y existe la amenaza de que se repita la confusión vivida el 28 de febrero, cuando el Parlamento, cercado por las bases sociales del Gobierno, aprobó la convocatoria al referéndum revocatorio del 10 de agosto.

“Vamos a ir al escenario congresal con el mismo ánimo, la misma transparencia, buscando acuerdos, no queremos imponer nada”, ha dicho, el domingo, el ministro de Desarrollo Rural y vocero del Gobierno en esos días de diálogo, Carlos Romero.

Sin acuerdo en Cochabamba, se anuncia una intensa búsqueda de apoyo político en el Congreso, pues la aprobación de la convocatoria al referéndum necesita de al menos dos tercios de votos, una cantidad que el MAS no cuenta por sí solo. Como fuera, Bolivia no puede renunciar a la vía de la concertación.

Entretanto, la perspectiva tiende a ser aún más incierta. Y la población debe prepararse para un nuevo baño de democracia, con varias participaciones directas a través de las urnas, incluyendo unas elecciones generales que debían ser el 2011 pero que Morales pretende adelantar, con la seguridad de renovar su mandato y extenderlo, probablemente, hasta el 2019.