Confusión e inviabilización mutua
María Teresa Zegada*

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Por definición, la política nos remite a una lucha de poder y de sentidos, en una relación amigo-enemigo. Esto no significa generar estrategias para eliminar al otro o plantear intereses irreconciliables, sino buscar, a partir de un horizonte determinado, una convivencia organizada. Por otra parte, cabe recordar que el control político estatal es dominación o coerción pero también es consenso, es decir, la capacidad de dirigir y mantener tras de sí a fuerzas heterogéneas, distintas, impidiendo que estallen las contradicciones.

Estas breves premisas son sólo para recordar cuánto nos estamos alejando de ellas y entonces confundimos estrategias con metas, adversarios con enemigos, objetivos particulares con imposiciones, discursos con agresiones, e inclusive confundimos medidas de hecho como la toma de entidades públicas con institucionalidad o, peor aún, con derechos.

Para complejizar aún más las cosas y las confusiones, los escenarios de decisión se han desplazado al punto de que tienden a la usurpación de funciones. Para comenzar, el escenario por excelencia para rediscutir y reformar cualquier parte del texto constitucional propuesto es la Asamblea Constituyente; esa es la razón para la cual se eligieron representantes. No obstante, el texto se discute y modifica en mesas técnicas de diálogo entre representantes de las prefecturas, del Gobierno central y uno que otro constituyente que casualmente participa en ellas. Por otra parte, el espacio de debate y confrontación ideológica y política entre oficialismo oposición es el Congreso, escenario en el cual se dirimen las políticas y leyes, pero este debate en realidad se verifica en las pantallas divididas de los medios televisivos o en la confrontación de ideas plasmadas en las páginas de los diarios, donde se promueven desencuentros y agresiones. Por último, ante la ausencia o deficiencia de mecanismos y canales de acercamiento propiciados por las instituciones democráticas, no tenemos mejor idea que dirimir las diferencias en las calles, en la presión abierta, en la resolución violenta, no sólo entre Estado y sociedad, relación a la cual hemos estado habituados durante nuestra historia, sino en el enfrentamiento y agresión entre ciudadanos, movimientos y sectores sociales.

La confusión se acrecienta cuando percibimos que aparatos del Estado se confrontan entre sí, es decir, entre un Gobierno central fortalecido y gobiernos prefecturales de oposición que también cuentan con el apoyo de sus electorados regionales. Ambos intentan, desordenada y arbitrariamente, asumir decisiones o imponer el orden. Pero, ante la ausencia de una norma que regule las atribuciones y responsabilidades de ambas entidades, ¿qué prevalece? ¿El poder del más fuerte?

El problema es que mientras seguimos confundidos y basados en visiones particulares, se aleja cada vez más la posibilidad de una salida compartida. Peor aún, tal y como están las cosas, ambas posiciones tienden a inviabilizarse mutuamente, ya que la autonomía por la vía de los estatutos departamentales o por la fuerza no puede avanzar más de lo que avanzó hasta ahora: requiere de un Estado nacional que las avale. Pero tampoco la aprobación forzada de una Constitución que no ha terminado de consensuarse servirá para compactar el país en un nuevo acuerdo legítimo y sostenible.

*María Teresa Zegada
es socióloga .