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No es una exageración afirmar que, después de varios intentos frustrados de diálogo, se avecinan jornadas decisivas para el país, y que de ellas dependerá mucho del futuro de los bolivianos. Finalmente, parece que se aproxima la hora de las decisiones, para determinar la sobrevivencia sana del sistema democrático o el hundimiento de la nación y sus habitantes en un modo de vida confuso, desordenado, más próximo al caos que al régimen de derecho y a la libertad.

Bolivia no puede preciarse de haber transitado por una democracia ejemplar en los últimos 26 años. Eso sí, es digno de admitir que, pese a los malos gobiernos, se ha respetado, en líneas generales, el mandato constitucional. Mas, se debe reconocer también que, en el último lustro, ha tambaleado la institucionalidad del Estado y, hasta estos días, prevalece una situación complicada, en la que reinan las discrepancias, las presiones y las amenazas, justo cuando, ante los ojos del mundo, el país debe probar su vocación democrática y de apego a la legalidad.

Cómo no hablar de confusión política si está en curso, aunque con muchas dificultades, una mesa de diálogo que se halla conformada por las cuatro fuerzas representadas en el Poder Legislativo y en la que participan, como observadores, organismos internacionales y regionales, la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo. Este grupo, que coordina el vicepresidente Álvaro García, trabaja bajo presión. Sin consulta previa, una tenaza se ha cernido por dos vertientes: la marcha hacia La Paz de los movimientos sociales afines al MAS, que cuentan con el respaldo del presidente Evo Morales, y la convocatoria a una sesión del Congreso para esta tarde dispuesta por el mismo García que, como se sabe, es el Presidente nato del Congreso.

La marcha de Caracollo a La Paz, cuyo arribo está previsto para el lunes, se desarrolla con la anunciada intención de arrancar al Congreso la ley de convocatoria al referéndum para aprobar o rechazar el texto constitucional que ha sido aceptado sólo por el MAS. La inminente llegada de miles de personas, principalmente campesinos, sirve de medida de presión para que el Parlamento, en su sesión de hoy, dé el visto bueno a esa norma.

Así, el panorama se presenta complicado, con un diálogo nuevamente cercado por las premuras que, sin argumentos válidos, se viene imponiendo el oficialismo; autoridades y parlamentarios han coincidido en revelar que el plazo para cerrar los acuerdos con la oposición vence este fin de semana.

¿Qué sentido puede tener un diálogo, en el que debe imperar la serenidad, si, paralelamente, se marcha para obligar al Congreso a aprobar una ley que, además, por la gravedad de la crisis boliviana, tendría que ser el fruto de la concertación? ¿Por qué convocar a una sesión, si todavía no se ha sellado un acuerdo político? ¿No se han calculado los riesgos que corre el país, después de los graves sucesos acaecidos en Pando?

Los observadores han manifestado su criterio de que no se debe ejercer presiones ni agresiones, con la finalidad de que el diálogo por lo menos culmine. Si se imponen plazos fatales y se amenaza con cercos o vigilias, es posible que, a la fuerza, el Gobierno obtenga dicha ley. Pero una acción de esa naturaleza no escapará a la censura de un importante sector de la ciudadanía, ni eludirá la mirada de la comunidad internacional.