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Aunque parezca que los bolivianos están acostumbrados a las crisis recurrentes, esta vez se observa un alto grado de cansancio debido a las tensiones, que nunca acaban.

El diálogo que se había abierto en el Congreso Nacional para que las fuerzas políticas encuentren puntos de convergencia sobre el polémico proyecto de nueva Constitución Política del Estado (CPE) está a punto de naufragar y, si hay acuerdo, parece que sólo será con una reducida parte de la oposición. Entretanto, la marcha de los movimientos sociales se aproxima a La Paz, con la amenaza de un nuevo cerco al Parlamento.

El ultimátum de los grupos afines al MAS, para que el Poder Legislativo apruebe el proyecto de ley de convocatoria al referéndum constitucional, venció ayer, y, con la presión en aumento, las esperanzas de una salida concertada cada vez son menores. Una solución civilizada y, sobre todo, pacífica de la crisis política del país corre serio riesgo.

Los dirigentes sindicales sostienen que harán una vigilia, pero las bases revelan que, en realidad, cercarán el Congreso. Todo indica que más temprano que tarde, por las buenas o por las malas, tal como lo advirtió el presidente Evo Morales, el proyecto de ley oficialista será norma y el país deberá volver a las urnas.

Mientras los ánimos denotan una cada vez más tenue esperanza de que el diálogo produzca soluciones de consenso, los bolivianos no pueden seguir a expensas de la incertidumbre; al menos, tienen derecho a pedir una auditoría al actual Padrón Electoral y, paralelamente, un reempadronamiento, para evitar las irregularidades que se han presentado en el referéndum revocatorio. En la consulta popular que se avecina, la ciudadanía definirá si acepta o no el proyecto de nueva CPE, por lo que este proceso cobra una importancia tal que resulta inaceptable recaer en las susceptibilidades surgidas a partir de dudas legítimas, argumentadas e incluso probadas en los últimos meses.

No cabe ninguna duda de que la comunidad internacional apoyaría un riguroso proceso cuyo fin sea el de transparentar el Padrón Electoral boliviano, en vista de las graves observaciones realizadas y conocidas por los medios de comunicación pero, sobre todo, en aras de la democracia y de la paz de este país.

A juzgar por sus declaraciones, prácticamente hay consenso entre los actores de la política nacional para llevar adelante una auditoría del padrón vigente. Ahora, sería mucho más significativo y confiable impulsar, simultáneamente, el reempadronamiento de la totalidad de los electores, comenzando de cero.

Resulta difícil imaginar que algún político, del oficialismo o de la oposición, sea capaz de rechazar esta posibilidad. Nadie puede perder de vista que está en juego la democracia y, en ese sentido, un borrón y cuenta nueva representaría un gran paso hacia la preservación de este preciado sistema.

Si no han conseguido ponerse de acuerdo en los temas conflictivos de la nueva CPE, los líderes del país deben tener la generosidad de desprenderse de sus colores partidarios para dar a los bolivianos la certidumbre de que sus votos serán respetados, como manda todo Estado de Derecho.

La limpieza de un proceso electoral no puede estar en duda. La nación necesita recuperar la confianza en la democracia y en los partidos, que no tienen derecho a jugar con la fe de la gente.