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Entre las críticas están las excepciones estipuladas en el texto para el acceso a los documentos, la creación de un oficial de información en cada institución pública y la falta de una estructura de flujos para facilitar el acceso a la información ciudadana.

La viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, aseguró que todas las observaciones al proyecto que se hagan conocer en las jornadas de debate —organizadas por su despacho y que se realizarán en todo el país—, serán presentadas a la Comisión Mixta de Constitución.

De ser aprobada, esta ley garantizará y normará el acceso ciudadano gratuito a la información que se genera en todas las entidades públicas y en las empresas privadas que hayan suscrito contratos con el Estado. La norma reemplazará al Decreto Supremo 28168, elaborado en la gestión del presidente Carlos Mesa.

El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Ronald Grebe, observó el artículo 18 del proyecto de ley del Ejecutivo. El mismo estipula las causales para proceder a la restricción del acceso de información pública; es decir, aquella que ha sido clasificada a través de leyes. “En su inciso II.b, en el proyecto se habla de la seguridad interna y externa del Estado (como pasibles de restricción). ¿Quién las define? Con este motivo, los funcionarios del Estado podrán decidir si dan o no dan la información”, manifestó.

En esa línea, el secretario general de la ANLP, Antonio Vargas, señaló que el mencionado inciso “puede ser interpretado no con propósitos democráticos. Un funcionario puede decir que una información es clasificada y secreta e invocar a la seguridad nacional. Y así se acaba con el acceso a la información. Esto limita el ejercicio periodístico, porque niega el acceso a fuentes y pone en riesgo la libertad de información”.

Grebe y Vargas apuntan, además, a la creación del Oficial de Información, encargado según la norma de recibir las solicitudes, gestionar y entregar la información. “Se convertirá en el vigilante y controlador de la información que se pretende transparentar. Seguramente responderá a las personas que la designaron y no al interés del público”, dijo Grebe.

Su colega, entretanto, sostuvo que no puede haber una ley de acceso a la información sin una capacitación previa al funcionario público. Además, pide la promulgación paralela de una ley de archivos que permita, por ejemplo, que el acceso a la documentación en las entidades del Estado tenga un lugar físico específico y se cree una estructura de flujos de documentos.

Socialización

Evento • Ayer se inició en La Paz las audiencias públicas para debatir el proyecto de ley, a cargo del Viceministerio de Transparencia. Estas jornadas se realizarán en todo el país.

Queja • La viceministra Nardi Suxo lamentó que los gremios de prensa no participaran del evento. Sus representantes señalaron que las observaciones ya fueron presentadas antes.