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E l tema de conversación —y de preocupación— en el que han venido insistiendo los medios periodísticos nacionales y extranjeros ha sido la dificultosa y prolongada negociación para arribar, sin violencia, a la aprobación del referéndum sobre el proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) que, finalmente, se convocó para el 25 de enero del 2009.

En este arduo trabajo han participado, casi sin tregua, los partidos políticos con representación parlamentaria, autoridades del Gobierno y un puñado de asambleístas. Hubo momentos de pesimismo cuando parecía que no habría acuerdo entre el rígido texto oficialista y el creciente número de modificaciones planteadas por la oposición; todo, bajo la presión no sólo de los movimientos sociales que cercaban el Congreso, sino, tanto como eso, por las regiones, por las instituciones cívicas.

Era natural que, en esas circunstancias, se vivieran situaciones intolerables y que, prontamente, los bolivianos cayeran en la cuenta de que el diálogo no podría salir del fracaso en el Congreso. Entonces, comenzó la actuación silenciosa de un grupo de personalidades extranjeras y de representantes de instituciones de alta credibilidad en Bolivia, sin cuya presencia en las mesas de la negociación, sin lugar a dudas, el acuerdo que hoy celebra el país y el mundo no se hubiera concretado.

En consecuencia, se les debe un agradecimiento sincero a los delegados de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la OEA, de Unasur, de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas. Pocos han notado la verdadera dimensión que tuvo la participación de estos observadores en las intensas jornadas del diálogo.

El destacado papel de estos observadores, ahora constituidos en tácitos garantes del pacto social, resultó tan importante que existe un convencimiento pleno de que difícilmente se hubiese logrado concertar sin su intervención.

Las personalidades nacionales y extranjeras, con total desprendimiento, discretamente, estuvieron en plenarias y comisiones alentando el diálogo y orientándolo cuando fue necesario.

Hoy, después de la tensión de esos días, es justo reconocer que los veedores actuaron en la justa medida en que era necesario. La intromisión de extranjeros en la redacción de una Ley Fundamental hubiera sido intolerable y, para beneplácito de los bolivianos, eso no ha ocurrido durante la negociación.

Esta misión de observadores, con su sola presencia, sirvió para que la discusión entre oficialistas y opositores se encauzara por la senda de la responsabilidad. Pero, además, obligó a las bases sociales de ambos bandos a moderar sus actuaciones —a veces amenazantes, como en el caso de los movimientos sociales—, para que no se dijera en el exterior que la ley de convocatoria al referéndum había sido arrancada a la fuerza.

Cauta, difícil y significativa ha sido la labor de los facilitadores. Pero también, a la vez, contradictoriamente penosa para el íntimo orgullo nacional. Y es que ha confirmado la inmadurez de la política boliviana: qué triste es constatar que no hay entendimiento posible sin observadores de por medio.

Bolivia no debería continuar apareciendo ante la comunidad de naciones como un país incapaz de solucionar sus asuntos internos. ¿Acaso ocurre esto en otros lugares de Sudamérica? Sólo para garantizar la imparcialidad en elecciones generales.