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Según confirmó el fiscal General, Mario Uribe, la Sala Penal II de la Suprema accedió a detener los plazos que le otorga la ley al Ministerio Público, para presentar el requerimiento acusatorio contra las autoridades investigadas por el delito de genocidio en su modalidad de masacre sangrienta. Este documento (el requerimiento acusatorio) es el que inicia el proceso para un juicio de responsabilidades y va al Congreso, que aprueba o rechaza la realización del juicio.

Uribe explicó que la Corte Suprema, al haber dado “luz verde” al Ministerio Público para suspender los plazos, le libera y ahora se esperaría que comisión especial de la Cámara de Diputados, que investiga los acontecimientos en Pando, concluya con su investigación y remita los antecedentes, más su informe final, al Ministerio Público.

De acuerdo a procedimiento, la comisión de la Cámara Baja sólo tiene facultades para realizar la investigación. Al término de este trabajo, el caso será puesto en consideración del pleno de la Cámara, instancia que determinará si corresponde remitir antecedentes al Ministerio Público o, caso contrario, decreta el archivo de obrados.

La Corte Suprema asumió competencia en la investigación sobre los hechos violentos suscitados en Pando. Por ello, se esperará a que termine el proceso en la Cámara Baja, según se confirmó ayer oficialmente.