El gobierno del presidente Evo Morales, a través del Ministerio de Hacienda, ejecutó un nuevo recorte de recursos a la Prefectura de Santa Cruz, por concepto de cobro por el perjuicio provocado a las instituciones gubernamentales durante las jornadas de septiembre, cuando la demanda autonomista derivó en la toma de instituciones públicas.
El secretario de Hacienda del gobierno departamental, José Luis Parada, informó que el Banco Central de Bolivia (BCB) realizó dos débitos sin previa consulta a la Prefectura: el primero de Bs 579.085 y el otro de Bs 2.867.452, haciendo un total de 3,4 millones de bolivianos.
Anticipó que por este motivo varios programas y proyectos que la Prefectura había planificado ejecutar en esta gestión, ahora corren el riesgo de quedar relegados. Por ello, anunció que se interpondrá un proceso contra ese ministerio ante la justicia.
Parada aseguró que los descuentos realizados son ilegales, ya que se ejecutaron “sin tener la autorización ni las firmas de las autoridades prefecturales correspondientes”. Por ello, denunció que el BCB “se ha convertido en un apéndice del Gobierno”.
Asimismo, anticipó que todos los funcionarios, tanto gubernamentales como del BCB, serán involucrados en el proceso judicial como deudores del gobierno departamental.
Vladimir Peña, secretario de Justicia de la Prefectura, dijo que no puede haber un descuento sin previo juicio, como lo hizo Hacienda. “Primero se tiene que identificar a los responsables”, sostuvo el funcionario.
Más de 592 millones es el recorte que sufrirá la Prefectura entre las gestiones 2008 y 2009.