• EL COLOQUIO DE LA AMCHAM • Gonzalo Mendieta (en el podio) y Bernardo Wáyar (sentado) fueron los expositores del evento organizado esta semana por la Cámara Americana de Comercio.

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Tal la conclusión a la que arribaron los abogados Gonzalo Mendieta y Bernardo Wáyar, expositores del coloquio “La visión en el proyecto de la nueva CPE”, organizado esta semana por la Cámara Americana de Comercio de Bolivia (Amcham). Posición a la que se suman el superintendente de Empresas, Rolando Morales, y Gabriel Herbas, diputado del MAS.

No piensa así el presidente de la Confederación de Empresarios Privados, Gabriel Dabdoub, para quien el proyecto constitucional es aún estatista y genera más dudas que certezas en sus afiliados.

Considerando esta característica, ¿el mencionado proyecto rompe con la tradición constitucional boliviana?

“No, al contrario, acentúa temas que han estado vigentes por los menos los últimos 70 años. El mejor ejemplo es la función social de la propiedad, que está presente desde 1938 sin modificarse. Desde ese año lo que se ha hecho es acentuar el modelo estatista y regulador..., los intentos de una reforma para liberalizar el texto han sido infructuosos”, dice Mendieta.

Lo que desde el principio planteaba el proyecto “es la idea de la ruptura total del actual sistema constitucional, con una radicalidad tal que llegó al punto de pretender eliminar la República como forma de Estado e imponer un Estado plurinacional comunitario que se manifestaba en un evidente nacionalismo étnico”, dice Wáyar.

Entonces, ¿cuál es la filosofía económica del texto?

“Es otra vez nacionalista revolucionaria, tributaria de la visión que primero privilegia los intereses de las empresas bolivianas sobre las extranjeras..., ratificando los principios redistributivos e igualdad económica que se ven a lo largo del texto: artículos 8, 9, 309, 312, 313, 316... Como todo en Bolivia, el proyecto de Constitución es un híbrido, un pacto posible. No creo ni de lejos que sea un texto socialista”, afirma Mendieta.

“Lo que se plantea es un modelo plural donde no sólo existe la libertad de empresa, sino la iniciativa pública, y se da énfasis a los emprendimientos corporativos y comunitarios”, complementa Wáyar, actual presidente del Colegio de Abogados de La Paz.

Reivindica estas cuatro iniciativas el diputado por el MAS Gabriel Herbas, uno de los actores del acuerdo reciente en el Congreso en el que se convino la redacción final del proyecto.

“La propuesta del MAS nunca intentó redactar un texto constitucional con tendencia socialista... Lo que se plantea en el proyecto son cuatro iniciativas: la estatal, la privada, la comunitaria y la cooperativa. Es definitivamente un modelo mixto el que se impulsa”, afirma el legislador.

Coincide con esta visión el superintendente de Empresas, Rolando Morales, quien pide no temer a la planificación desde el Estado.

“De lo que se trata es de organizar el sistema y asignación a las inversiones públicas. A la planificación no hay que tenerle miedo, sólo se trata de ver cómo se van a asignar las inversiones del sector público. Lo que está pasando no sólo en Bolivia sino en el mundo es que se está intentando eliminar fundamentalismos”, concluye.

Conceptos

Constitución económica • Orden jurídico de bienes, fuerzas y procesos económicos; un conjunto de normas que delinean el marco jurídico para el funcionamiento de la actividad económica, afirma Bernardo Wáyar.

Historia • El concepto no es nuevo, surge hace 50 años. Desde el punto de vista de su aplicación, es un conjunto de normas que regulan la intervención del Estado en la economía.

Influencia • En cuanto a la redacción de principios, el texto tiene una fuerte influencia de la Constitución Política española, sentencia el presidente del Colegio de Abogados de La Paz.

Puntos de vista

´Es un híbrido, un pacto posible´
GONZALO MENDIETA
Abogado
Como todo en Bolivia, el proyecto de Constitución Política del Estado es un híbrido, un pacto posible. No creo ni de lejos que sea un texto socialista y en materia económica obedece, en cambio, a la tradición nacionalista revolucionaria de antaño. Está claro, por otro lado, que hay una visión igualitaria, redistributiva y donde prepondera el papel del Estado...

´Iniciativa pública y libre empresa”
BERNARDO WÁYAR
Abogado
Se plantea un modelo plural donde no solamente existe la libertad de empresa, sino también la iniciativa pública, y se otorga énfasis a los emprendimientos corporativos y a los comunitarios. No creo que la economía nacional esté camino a convertirse en una economía estatista ni mucho menos socialista. De todos modos, hay que esperar la actitud que asuman los gobernantes.

´Se propone un modelo mixto”
ROLANDO MORALES
Superintendente de Empresas
El proyecto de Constitución Política establece la libertad de empresa y un modelo en el que el Estado también puede participar en las diferentes actividades económicas. Es, en última instancia, un modelo mixto y eso es bueno. Lo que creo que debe haber es tanta empresa privada como sea posible y tanta participación del Estado como sea necesaria, es el equilibrio necesario.

´Es un modelo con cuatro iniciativas´
GABRIEL HERBAS
Diputado del MAS
La propuesta del Movimiento al Socialismo (MAS) nunca intentó redactar un texto constitucional con tendencia socialista, ésa es una exageración con la que la oposición varias veces intentó mancharnos. Lo que en realidad se plantea en el proyecto son cuatro iniciativas: la estatal, la privada, la comunitaria y la cooperativa. Es definitivamente un modelo mixto el que se impulsa.

Consideraciones, principios, lo nuevo y lo vigente del proyecto de CPE

PRINCIPIOS

Orden socioeconómico • Este principio guarda relación con la economía plural, que es la nueva terminología que se emplea en el artículo 306 del texto para presentar la articulación de las formas de organización económica propuestas: la estatal, la privada, la comunitaria y la socialcooperativa.

Iniciativa pública • Es el contrapunto, dice Bernardo Wáyar, de la libertad de la empresa, “es la forma más agresiva de intervencionismo estatal”. Esto apunta —sigue el abogado— a la posibilidad de anexión por parte del sector público de actividades que están en el sector privado.

Subsidiariedad • Con el principio anterior se afecta el de subsidiariedad, ya que el Estado hará todo lo que crea conveniente en función del interés social. “Es un reconocimiento constitucional de la posibilidad de nacionalizar”, dice Wáyar.

Exclusividad • En este sentido se establece una reserva jurídica de atribución de la titularidad en el caso, por ejemplo, de los servicios básicos, ya que es el Estado el que se hará cargo de éstos, aunque se abre la posibilidad también a los privados bajo un sistema de licencias y registros, lo cual deberá ser posteriormente analizado.

Estado y recursos • La visión del nuevo texto constitucional es que el Estado concentre las actividades más rentables de la economía, es decir los recursos naturales, sentencia Gonzalo Mendieta. Aparentemente existe el deseo de construir un Estado de bienestar financiado por la renta de los recursos naturales, sigue el abogado, aunque aclara que esta última idea no es suya, sino del periodista Fernando Molina.

De reserva de ley • Con el nuevo proyecto constitucional algunas relaciones tienen que ser regidas por ley, entre ellas la que genera el salario, afirma Bernardo Wáyar. Actualmente el incremento salarial se aprueba por decreto, pero si mantiene el principio de reserva de ley, será el Congreso el que lo apruebe.

Blindaje • “De ser así, estaremos blindados contra los abusos del gobierno de turno. Esto favorecerá la seguridad jurídica de los empresarios y de propietarios de bienes y servicios”. Por otro lado, se plantea que la planificación económica convivirá con los derechos de carácter socioeconómico de los trabajadores.

De planificación • Si bien este principio no es nuevo, el proyecto de texto habla de una planificación integral. Luego de analizar el documento, Wáyar encuentra que este principio de planificación no es coercitivo sino indicativo.

Importante • “La planificación también está en regímenes capitalistas y ahora más que nunca es importante contar con ella porque vamos a tener un Estado autonómico”, dice el presidente del Colegio de Abogados de La Paz. Las garantías de este principio están, por ejemplo, en la reserva de ley y su aprobación en el Parlamento.

Puede funcionar • La planificación responde a una finalidad prestacional, de fomento, sobre todo al sistema cooperativo. Su finalidad es el equilibrio de igualdad material en tres planos: el regional, de los sectores y el individual. En este acápite está el control social, que es similar al consejo económico y social español. Éste pretende la armonización de todos los sectores involucrados en la planificación.“Si es bien manejado, puede funcionar”, dice Wáyar.

LO NUEVO

Libre empresa • La libertad de empresa está por primera vez reconocida en la Constitución. Aunque, por otro lado, también existe la prohibición de la actividad privada en determinados rubros de la economía. Por ejemplo, la salud pública no puede ser concesionada ni privatizada, afirma Gonzalo Mendieta.

Libre empresa • Tampoco puede existir intervención privada en materia de provisión de los servicios de agua y alcantarillado. Ni los recursos hídricos pueden ser objeto de apropiaciones privadas. La cadena energética tampoco puede ser privatizada, aunque se admite la participación empresarial privada.

Advertencia • En el artículo 45 se le da la exclusividad al Estado para administrar la seguridad social. Esto, a interpretación de Bernardo Wáyar, afectaría también las rentas de vejez, lo que podría generar problemas en el sistema bursátil.
También es nueva la imprescriptibilidad de los daños ambientales y daños económicos contra el Estado. Y es nuevo el derecho de información absoluto para determinadas autoridades gubernamentales.

LO QUE SE MANTIENE

Propiedad privada • La garantía de la propiedad privada está presente en la actual Constitución y también en el proyecto. En realidad, desde 1938 la propiedad privada nunca más fue inviolable, dice Mendieta. “Por eso este viejo texto constitucional es tributario de una vieja escuela nacional”.

Función social • Lo mismo sucede con la llamada función social de la propiedad, que está presente desde el referéndum de 1931 y se constitucionaliza en 1938. Con todo, la función social es un concepto difícil de explicar, y depende del bien en cuestión y de la interpretación del tipo de uso de éste.

Herencia • Sin embargo, si bien el concepto no es nuevo, se ha agregado algo más al actual proyecto constitucional: el derecho a la herencia, que, a decir de Bernardo Wáyar, ha sido extractado de la Constitución española de 1938, en la que se garantiza que, como propietario de un bien que cumple la función social y no afecta el interés colectivo, pueda transmitir sus derechos a sus sucesores. “Es un avance enorme”, finaliza Wáyar.

Empresarios creen que aún es estatista

Según el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Gabriel Dabdoub, el proyecto de Constitución Política tiene aún un espíritu estatista, a pesar de que se le han hecho algunos cambios en el Congreso.

“Esto no significa que no tenga cosas positivas y que se pueden rescatar”, dice Dabdoub, para quien existe la necesidad de aclarar muchos artículos y terminología del texto aprobado.

Una de estos aspectos tiene que ver con la posibilidad que según él deja abierta el documento de monopolio por parte del Estado. También cuestiona la exigencia de reinversión de las utilidades de las empresas.

“Tenemos la esperanza de que muchas de estas dudas serán resueltas durante el proceso de reglamentación de la Constitución, aunque tememos que en tanto ello suceda se produzca un vacío que al final sólo afectará la productividad de las empresas”, dice.

Respecto al rol planificador del Estado en la propuesta constitucional, el presidente de la Confederación de Empresarios plantea un mejor de nivel de coordinación entre todos los actores y sectores implicados.

Sobre el control social, teme la participación desmedida de los grupos sociales, “que no es nuevo ya que fue incorporado en 1953, pero quien esta vez determinará la función, responsabilidad y alcance de estos movimientos será la Asamblea Nacional”.

En tanto “estos temas se aclaran, nosotros insistiremos en impulsar nuestros valores: la libertad económica y el derecho propietario”, finaliza.