ESTADÍSTICAS. Desde el 2003 murieron 108 personas en protestas sociales. En accidentes de tránsito fueron 5.008.
PLAN. El Gobierno prevé la ejecución del Plan de Seguridad Vial, sin embargo, el proyecto regulador todavía no se ejecuta.
ACTORES. Hay siete responsables, de ellos seis son autoridades, para bajar el índice. Pasa el tiempo y no hay resultados.
Por cada muerto en un hecho de violencia política registrado en el país —desde los sucesos de febrero y octubre del 2003 hasta los del 11 de septiembre de este año en Porvenir (Pando)— al menos 46 personas perecieron en accidentes de tránsito en las carreteras de Bolivia, en el periodo comprendido del 2003 al 2007.
La relación es dramática. Durante ese período, de acuerdo con datos obtenidos de la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE), se produjeron al menos 5.008 decesos en accidentes de tránsito. Mientras que si se toma en cuenta los hechos que generaron violencia política en el país, desde el 2003 a la fecha, la cifra llega a 108 víctimas mortales.
Según los datos obtenidos del Defensor del Pueblo, en febrero del 2003, un enfrentamiento generado entre policías y militares en la plaza Murillo dejó 31 personas fallecidas. Los hechos ocurridos en Warisata (La Paz), en septiembre; además de los acaecidos en El Alto y La Paz en octubre de ese mismo año causaron 59 víctimas.
En octubre del 2003, una escalada de violencia por la lucha por el gas derivó en la caída de un presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien salió del país después de dejar una carta al Congreso. Ahora se sigue un juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada y los trámites para su extradición dieron este mes sus primeros pasos.
En una relación entre ambos extremos, ese mismo año (2003), en el país, según datos del INE, se registraron 898 muertos en accidentes y unos 90 en hechos de violencia política.
Es decir que por cada muerto en los hechos de febrero, septiembre y octubre, hubo casi 10 decesos en las carreteras. A pesar de ello, desde entonces hasta la fecha, no existe una sola medida para revertir esa situación, ni juicios con resultados concretos contra los presuntos responsables de los siniestros.
El 2005, en Sucre, una bala perdida quitó la vida de un minero cuando junto a otras personas de su gremio y sectores sociales llegaron hasta la capital de la República para ejercer presión ante la designación de un presidente.
El 9 de junio, Eduardo Rodríguez Veltzé asumió el cargo. Sin embargo, fue tal la convulsión social de esa época que, como hasta hoy, no se produjeron reclamos ni reacciones ante los 753 fallecidos en las vías en ese año.
De acuerdo con fuentes del Congreso, no existe una autoridad que asuma la responsabilidad ante los accidentes de tránsito y las muertes que éstos generan.
“Un accidente pudo ser responsabilidad de la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras), por los caminos y por su mantenimiento, y responden que fue la imprudencia del conductor. Se le reclama a la Policía y ésta dice que es culpa de las condiciones climáticas”, reclamó la fuente del Congreso que pidió que no se revele su nombre.
En este marco, el comandante de Tránsito de La Paz, coronel Edmundo Nogales, señaló que, en términos generales, los accidentes se suscitan “por la imprudencia del chofer”.
Consultado sobre estos contrastes, el viceministro de Seguridad Ciudadana, general Alberto Castillo, manifestó que “es preocupante”. Sin embargo, acotó que “es necesario analizarlo desde una visión integral holística”, porque precisó que un siniestro puede producirse por diferentes factores, clima, factor humano, carreteras y el vehículo.
Otra opinión tiene el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín. Señaló que “lamentablemente hay una dejadez estatal porque lo ven como si fuera un tema particular, de los familiares de esos muertos. Pero no toman en cuenta que en estos accidentes hay una responsabilidad del Estado con varias omisiones”.
Puntos de vista
“Mostrar similar voluntad” WALDO ALBARRACÍN. Defensor del Pueblo
“A todos se les debería dar importancia, independientemente de la causa de esa muerte, políticos, apolíticos, víctimas de la represión política y víctimas de la dejadez estatal; o negligencia estatal en cuanto al control riguroso que deben hacer. No se trata de decir esto primero y esto segundo, en general, se debe mostrar similar voluntad protectiva para todos. Los transportistas son dueños y señores de las carreteras interdepartamentales, sólo controlan en fechas emblemáticas”.
“Análisis integral holístico” ALBERTO CASTILLO. Viceministro de Seguridad Ciudadana
“El tema tenemos que analizarlo desde una visión integral holística. En un accidente interviene el elemento humano, la vía, el medio ambiente, el vehículo y surge el accidente. Se han realizado coordinaciones con la Policía, hay un Plan Fortaleza con controles rigurosos de las condiciones de todos los vehículos al salir. Existen horarios que los conductores deben cumplir, normativas pero surgen imprevistos, puede ser eso, ahora pueden suscitarse cuestiones, sistema de frenos, carreteras y uno no sabe”.