La propuesta de Constitución Política del Estado (CPE) que ha de ser sometida a una consulta popular el 25 de enero del 2009 no excluye a nadie, sino que pretende incorporar a todos. En primer lugar, constitucionaliza las demandas históricas de las poblaciones indígenas en varios de sus aspectos, como la incorporación del idioma nativo como oficial, la libertad de práctica de sus religiones, la incorporación de ciertos símbolos y los valores y principios éticos morales de las sociedades indígenas.
Hay cierto avance en la institucionalidad económica, política y jurídica comunitaria. Por ejemplo, en lo económico, permite la posibilidad de asociarse con otras personas para poder constituir una empresa comunitaria, que puede ser trabajada en forma directa y su propiedad puede ser de los propios trabajadores. En cuanto a la elección de los representantes en la Cámara de Diputados, se crearán circunscripciones especiales indígenas, donde serán elegidos bajo la lógica del lugar y con un sistema directo, sin mediación de ningún partido. Eso es un acierto para la población indígena con población minoritaria, aunque para los quechuas y aymaras, por ser mayoría, no se aplica la misma regla debido a que continuarán subordinados a la democracia representativa liberal. Ellos habían exigido que, en las circunscripciones, los diputados sean elegidos mediante el sistema de rotación y turno obligatorio, y no a través del sufragio y los partidos políticos.
En el sistema jurídico se ha logrado la delimitación jurisdiccional para la justicia comunitaria, aunque por ahora sólo para el área rural. La historia demostrará que puede ser aplicada en el área urbana y administrada por los dirigentes de los barrios y distritos.
En segundo lugar, reivindica y fortalece el derecho social de todos los ciudadanos; iguala las oportunidades indistintamente de sus pertenencias étnicas; abre la posibilidad al trabajo y al seguro social; trata de eliminar todo tipo de discriminaciones; permite acceder a todos a los servicios básicos, a la educación y a la salud. En otras palabras, fortalece la antigua reivindicación a lo que se ha denominado el Estado de bienestar social.
En tercer lugar, la nacionalización de los recursos naturales y la administración mediante una empresa estatal constituyen otro de los cuerpos del proyecto de la nueva Constitución; con ello, se busca reivindicar la soberanía del pueblo boliviano y que el excedente sea distribuido de manera equitativa en obras de tipo social y, fundamentalmente, productivo.
Por último, respeta la liberad de operación de la empresa privada, la democracia representativa y el derecho positivo. Éstas no son eliminadas, sino que gozan de la plena garantía constitucional.
Por lo tanto, es una Constitución más plural y democrática, que no tiene parangón con ninguna de las constituciones de los demás países. Pretende incorporar y satisfacer a todo tipo de ideologías y prácticas, es decir, representa a la izquierda, a la derecha y a los que reivindican los derechos indígenas.
Ahora, el desafío será más grande después del 25 de enero del 2009, o sea, una vez que sea aprobada la nueva Carta Magna. Entonces, corresponderá elaborar una nueva normativa jurídica, que refleje la pluralidad expresada en la nueva Constitución.
*Félix Patzi P. es sociólogo. Actual secretario general de la Prefectura de La Paz.
Los POA y la Participación Popular
El proceso de municipalización como una medida descentralizadora y de democratización vino acompañado de la denominada “Participación Popular”, que reconoce como sujetos principales a las Organizaciones Territoriales de Base (OTB)
Economía y populismo
El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) no contiene el término “populismo”. Cosa rara. Si al adjetivo “popular” se suma el sufijo “ismo”, logramos su definición: la actitud de querer congraciarse con el pueblo.