Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

Los accidentes de tránsito en Bolivia han dejado un saldo de 5.008 muertes entre los años 2003 y 2007. Esa estremecedora cifra oficial debe llevar, de una vez por todas, a reflexionar a la población en general, pero, especialmente, a las autoridades y a los empresarios del transporte público, quienes son responsables de garantizar la seguridad de todos.

Según el comandante de la Unidad Operativa de Tránsito en La Paz, coronel Edmundo Nogales, en términos generales, los accidentes se suscitan “por la imprudencia del chofer”. El trabajo de los conductores de buses que realizan viajes interdepartamentales, sin lugar a dudas, es uno de los más pesados que existen, pero esto no les exime del peso de su responsabilidad con los pasajeros. Mientras las fatalidades continúan destacando casi a diario en las tapas de periódicos, las sanciones nunca llegan.

Al parecer, las prioridades son otras: por cada muerto en los enfrentamientos de febrero, septiembre y octubre del año 2003, hubo casi 10 decesos en las carreteras del país. Sin embargo, desde entonces, no se conoce de una sola medida para revertir esa situación ni juicios, con resultados concretos, contra los presuntos responsables de los siniestros.

¿Bajo qué criterios se impone la exigencia de justicia para los casos de violencia política por sobre aquellos donde los muertos son producto de los accidentes en las rutas?

Son los caminos los que acechan a las vidas humanas, en sus curvas, en sus pendientes, en su estrechez, muchas veces por disponer de únicamente dos carriles. Y la cuestión es mucho más trágica de lo que aparenta, de las conclusiones que mentalmente puedan extraerse. En Bolivia, las carreteras se han convertido en verdaderos cementerios y los choferes deben tomar una mayor conciencia de que el consumo de bebidas alcohólicas es, definitivamente, incompatible con su labor.

Datos del Viceministerio de Seguridad Ciudadana establecen que alrededor de 20 mil accidentes viales se registran anualmente en Bolivia, con la triste circunstancia de que los números van en aumento. Entre las causas destacan el abuso del alcohol en los conductores, los desperfectos mecánicos, las deficientes condiciones de los caminos, la velocidad y, en los casos de vehículos livianos, la falta de uso del cinturón de seguridad.

El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, al ser consultado acerca del entusiasmo que el Estado demuestra en la resolución de casos de violencia política, en detrimento de otros, reclama “similar voluntad protectiva”. Y complementa: “Los transportistas son dueños y señores de las carreteras interdepartamentales, sólo controlan en fechas emblemáticas”.

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, recibió hace dos años el encargo del presidente Evo Morales de desarrollar una política para reducir el índice de accidentes; el país sigue esperando.

Otros personajes que tienen en sus manos este tema son: el viceministro de Transportes, José Kinn; el comandante nacional de la Policía, general Miguel Gemio; el superintendente de Transportes, Wilson Villarroel; la presidenta de la ABC, Patricia Ballivián; el ejecutivo de la Confederación de Choferes, Franklin Durán, y el diputado Gonzalo Lazcano (MAS), quien preside una comisión que trata la modificación del Código de Tránsito.

Actúen, no esperen más muertes para cumplir su misión.