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Justicia en mano propia, a título de justicia comunitaria; una realidad que ha tocado fondo en Bolivia y que merece de acciones inmediatas, para evitar más tragedias como la ocurrida entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en Achacachi, a 96 kilómetros de la ciudad de La Paz.

¿Qué lleva a una persona a decidir linchar a otra, luego de sorprenderla o creer, simplemente, que ha participado en un hecho delictivo, en perjuicio de su comunidad? Esa es una pregunta de orden sicológico, pero también sociológico pues su reacción violenta suele contagiar a los vecinos que, como si estuviesen preparados para la ocasión, desencadenan el caos.

El robo descubierto, por lo general en los municipios rurales, aunque hubo excepciones a esa regla, alborota a la gente perjudicada y, antes que perderla en su frustración por una justicia ausente en gran parte del territorio nacional, comete quizá un delito peor al que pretendía condenar, por el simple hecho de la vehemencia incontrolable y, en muchos casos, por ignorancia.

Y en este último punto es donde cabe la reflexión para las autoridades gubernamentales que, de diferentes maneras, han venido apoyando a la justicia comunitaria sin terminar de orientarla para que todos los bolivianos, especialmente los directos involucrados, es decir, los ciudadanos del área rural, tomen real conocimiento de lo que significa la práctica de tal concepto.

El gobierno del MAS, como principal impulsor de la profundización de la justicia comunitaria en Bolivia a través de la nueva Constitución Política del Estado, debe tomar con mayor responsabilidad este tema y encararlo con la seriedad que se merece.

Con los acontecimientos de Achacachi, donde murieron dos personas y otras nueve resultaron golpeadas y quemadas por enardecidos pobladores, en una inaceptable forma de hacer justicia con sus propias manos, se ahonda la preocupación de la comunidad nacional e internacional por una cuestión que nunca estuvo resuelta, ni mucho menos. Valga esta triste oportunidad para obligar a las autoridades a asumir su compromiso con el pueblo y brindarle las herramientas para llevar a la práctica una justicia ecuánime y no salvaje, correcta y no excesiva, fuerte y efectiva pero no por ello atolondrada, desquiciada.

En manos de los líderes de este proceso de cambio está, ahora, modificar también la mala cultura de la justicia comunitaria, ésa que malinterpreta el verdadero sentido de ésta. Porque está visto que existe un severo problema cultural, capaz de arrastrar a delinquir, y todo a título de una justicia no formal que con demasiada frecuencia cae en la incivilidad.

Los hechos de Achacachi deben ser esclarecidos. No pueden quedar impunes, como ha pasado en tantos otros casos por el inadmisible argumento de la justicia comunitaria. Bien entendida, ésta jamás puede ser un pasaporte para matar o para vulnerar los derechos más elementales del ser humano.

Que no parezca que el gobierno de las bases sociales más empobrecidas, que el gobierno de los campesinos, alienta una justicia comunitaria malentendida. Mejor será que inicie una agresiva campaña de concienciación para hacer comprender a las poblaciones rurales que su accionar no siempre es el adecuado y que muchas veces infringe humillantemente la ley.

Frenar los linchamientos es su deber. Apreciar el valor de la vida.