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Durante este año se habló sobre las actividades de Usaid en Bolivia. Para el embajador estadounidense Usaid es como cualquier otra ONG nacional o extranjera que cumple labores de asistencia en beneficio de la población pobre del país. Para el Gobierno boliviano esta agencia no es como las otras ya que realizaría, sobre todo, acciones políticas e incluso conspirativas.

En este ambiente de controversia, varios intelectuales estadounidenses de gran prestigio enviaron una carta a principios de octubre al Gobierno de Estados Unidos solicitando información sobre las actividades de esta agencia en Bolivia y sobre las instituciones beneficiadas con su financiamiento. Sorprendentemente, el Gobierno estadounidense no respondió a la solicitud, lo que despertó mayores dudas, tanto a nivel internacional, en la ciudadanía y en analistas del desarrollo. ¿A qué se dedica esta agencia? Para responder a esta pregunta es necesario recurrir a diferentes fuentes de información.

Según la información proporcionada por Usaid en Bolivia a través de su página web, la agencia oficialmente “tiene por objetivo trabajar junto al Gobierno de Bolivia, la sociedad civil y la población boliviana para apoyar un desarrollo de base amplia, equitativo y sostenible. Usaid/Bolivia destina anualmente más de 85 millones de dólares en cooperación para el desarrollo a través de acuerdos bilaterales y programas ejecutados por organizaciones no gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil. Los programas de Usaid están orientados a respaldar al Plan Nacional de Desarrollo y dar respuesta a temas claves, como la pobreza y la exclusión social, enfocando la cooperación hacia la población periurbana y rural del país”. De acuerdo con esta presentación la agencia sería en efecto como cualquier otra ONG preocupada por la pobreza, y sería además la más firme aliada del Gobierno actual, comprometida incluso con el PND. Otras ONG no llegan a tanto. Pese a estas declaraciones, el Gobierno persiste en sus dudas.

Desarrollo o contrainsurgencia. Para profundizar este asunto y disipar el misterio es necesario consultar a otras fuentes de jerarquía del Gobierno estadounidense. La revista Military Review del Ejército de Estados Unidos proporciona una información valiosa. En su número de septiembre – octubre 2007, informa que después de los atentados de septiembre del 2001 el Gobierno de ese país decidió incorporar a Usaid a la estrategia militar de lucha contra el terrorismo en el mundo (análisis de Raúl Zibechi, La Jornada, México 23/11/2007). Desde ese acontecimiento, la estrategia militar estadounidense decidió integrar la función del “desarrollo” a las funciones tradicionales de “defensa” y de “diplomacia” que hasta entonces no se encontraban estrechamente ligadas (aunque se conoce que anteriormente existía una amplia coordinación). Para esta estrategia militar la tarea de la “cooperación al desarrollo” tiene el propósito de fortalecer la actividad de defensa y “reducir las amenazas de largo plazo a nuestra seguridad nacional, al ayudar a fortalecer sociedades estables, prósperas y pacíficas”.

El objetivo de la cooperación a los países en desarrollo y a Bolivia sería “fortalecer una gobernabilidad efectiva y legítima, instrumentos clave para tratar con la contrainsurgencia”, por lo que la ayuda que desarrolla Usaid debe concentrarse en “poblaciones y regiones consideradas de alto riesgo”. Se puede concluir entonces que Usaid constituye en realidad un órgano del ejército de Estados Unidos y desarrolla en el país funciones de carácter político y militar. El tema de la “contrainsurgencia” sería el objetivo principal de la cooperación y no tanto el “desarrollo” económico y social de las poblaciones pobres. Los objetivos perseguidos se dirigirían, por consiguiente, a prevenir, neutralizar e incluso eliminar los factores que podrían ser considerados como adversos a sus intereses estratégicos. En este caso, siguiendo esta lógica, el Gobierno boliviano con su objetivo de alcanzar una revolución democrática y cultural y de crear una sociedad plurinacional independiente puede ser considerado “insurgente” y ser objeto de acciones que contrarresten sus actividades. No otra cosa significa su expresión de que Usaid debe “fortalecer una gobernabilidad efectiva y legítima, instrumentos clave para tratar con la contrainsurgencia.”

El Comando Unificado Militar. Surge ahora el interrogante sobre la estrategia concreta de las operaciones de la agencia en el país, sobre los sectores donde opera y sobre sus beneficiarios. Según la página web mencionada, Usaid opera mediante “acuerdos bilaterales” con el Gobierno nacional y mediante “acuerdos unilaterales” con organizaciones no gubernamentales, con sectores civiles y grupos empresariales. La agencia opera “oficialmente” con el Gobierno nacional, en base a convenios aprobados y conocidos públicamente, así como “extraoficialmente”, con diferentes organizaciones privadas nacionales o extranjeras. Se estima que alrededor o más del 90 por ciento del dinero “donado al país” (alrededor de 100 millones de dólares anuales), es dirigido en realidad a las organizaciones privadas mencionadas, sin conocimiento del Gobierno nacional. Muchas de estas, además, de origen estadounidense, absorben la mayor parte del financiamiento anual. Lo que podemos verificar entonces es que éste órgano del ejército de Estados Unidos opera en el país con total autonomía y discreción, sin conocimiento del Gobierno y alejado, por consiguiente, de los planes de desarrollo.

La agencia ejecuta sus programas de “contrainsurgencia”, mediante una constelación de cientos de ONG y de organizaciones privadas en los distintos poderes del Estado en todas las regiones del país, en particular en las prefecturas, en las zonas cocaleras, en sectores campesinos y en áreas urbanas y periféricas de las ciudades como El Alto. Cientos de ONG, con nombres diferentes a los de Usaid, repartidas en todo el país y miles de profesionales y empleados ejecutan los programas de Usaid. El trabajo se caracteriza, sin embargo, por ser mimetizado, lo que impide distinguir a primera vista el carácter de “contrainsurgencia” o de “desarrollo” que realizan.

Según la Military Review otra vez, pero de marzo-abril 2008 (analizado por Raúl Zibechi, La Jornada 16/10/2008) las organizaciones que trabajan con Usaid “no deben aparecer como tales, deben tener más bien otra apariencia, aunque todas dependientes de un “comando unificado militar”. Esta estructura, refiriéndose a la actividad de Usaid en los países en desarrollo, estaría expresada de la siguiente manera en la Military Review: “¿Cómo se conforma una estructura que es un comando unificado militar, pero que necesita incorporar la suficiente participación civil y además no parecer que toma el control de estas agencias y autoridades?”

Acciones contrainsurgentes. Algunas acciones ejecutadas desde hace tiempo por los prefectos en algunos departamentos del país, así como por autoridades de otras instituciones como en el Poder Judicial, por ejemplo, permiten tener una idea sobre la magnitud de la “cooperación”. Uno de los sectores de mayor importancia para Usaid es el de las prefecturas departamentales de la región oriental denominada “la media luna”, con el objetivo de “profundizar la descentralización”. En este sector operan decenas de ONG dependientes de Usaid y los prefectos más activos reciben frecuentes visitas de altos funcionarios de la embajada estadounidense. El Gobierno nacional acusó recientemente a los prefectos opositores que reciben esta cooperación de iniciar en su contra acciones violentas dirigidas a ejecutar un “golpe cívico–prefectural” en septiembre pasado.

El sector judicial, igualmente, es otro de los sectores de mayor interés para Usaid. En este sector operan desde hace muchos años más de cien ONG dependientes de Usaid, con nombres diferentes, en decenas de programas de “cooperación” que abarcan las diferentes actividades de este poder del Estado, desde los sistemas informáticos hasta las áreas administrativas. Por otra parte, finalmente, en las elecciones de presidenciales del 2006 y en el referendo del 2006, esta agencia organizó y coordinó a más de 3.000 observadores electorales en todo el país, encargados de informar a sus centros sobre la realización de esta contienda electoral. Ahora sólo queda preguntarse sobre cuál será la próxima iniciativa del Comando Unificado Militar.

Bernardo Corro
es Doctor en Economía.
Email: bcorro@gmail.com