• ENCUENTRO EN BENI • Los representantes del Poder Judicial anuncian las conclusiones de su cumbre. Fue ayer.

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La posición del Poder Judicial está expresada en la “Declaración de la Ciudad de Santísima Trinidad”, emitida tras una cumbre de las máximas autoridades de los órganos de este poder (Corte Suprema, Consejo de la Judicatura, Tribunal Agrario Nacional), además de los presidentes y vocales de las Cortes de Distrito Judicial y el Directorio de la Asociación de Magistrados de Bolivia.

En la declaración, denuncian “ante la comunidad nacional e internacional, la permanente afectación, por parte del Gobierno central, al principio de independencia del Poder Judicial, al grado de impulsar el desmoronamiento del sistema de justicia de Bolivia”.

Advierte además que “el imperio de la ley, como expresión de la voluntad general, ha sido reemplazado por la voluntad autoritaria del Gobierno central; para el que no cuenta la separación de los poderes, al grado de invadir atribuciones”. Agrega que “la sujeción de la política a la ley es entendida a la inversa, en que la política ha sometido a la ley, al extremo que se ha dado paso a comportamientos similares a los vividos en regímenes de fuerza”.

El Poder Judicial también denuncia que la propuesta de texto constitucional que será sometida a referéndum el 25 de enero del 2009, “en especial la estructura y organización del Poder Judicial, es contrapuesta al sistema democrático vigente y al Estado de Derecho” y que “puede llevar al país a un desorden jurídico institucional, con graves consecuencias para el pueblo boliviano”.

Según la declaración, “la crisis generalizada que vive Bolivia ha ingresado a una etapa en la que los signos de violencia estatal, la vulneración de la norma establecida, la transgresión de los derechos de las personas y la agresión a las instituciones de la democracia, han herido de muerte al Estado de Derecho”.

Con referencia a las últimas actuaciones relacionadas con el caso de la masacre en Pando, el Poder Judicial conmina a las autoridades jurisdiccionales y del Ministerio Público del país que “ajusten sus acciones a la Constitución y la ley y eviten interferencias en sus funciones, que sólo deben estar sometidas a la Constitución Política y las leyes”.

Además, exige al Poder Ejecutivo cumplir y hacer cumplir las resoluciones judiciales observando el mandato de la atribución 12 del artículo 96 de la Constitución Política del Estado, que define que es atribución del Presidente “hacer cumplir las sentencias de los tribunales”.

Asimismo, advierte que en defensa de la independencia del Poder Judicial y ante los atropellos y sistemático amedrentamiento a los jueces de la República, el Poder Judicial de Bolivia se verá obligado a asumir las acciones que el caso aconseje.

El senador del MAS Ricardo Díaz descalificó el pronunciamiento de las autoridades judiciales y les sugirió que de una vez asuman acciones políticas, para hacer campaña por el No en el referéndum constitucional que se realizará en enero del 2009.