El proyecto constitucional del MAS aprobado revolucionariamente en la localidad de La Glorieta en Sucre y luego en Oruro, se publicó, por diferentes medios, y tenía 411 artículos y nueve disposiciones transitorias. La que se aprueba “democráticamente” en el Congreso Nacional también contiene 411 artículos y diez transitorias. ¿Qué es lo que ha cambiado? En lo esencial nada, sigue siendo el proyecto del MAS, que reglamenta la vida del país, con el inminente peligro de que se le atribuye al Estado boliviano funciones y competencias que de lejos no está, ni estará, en condiciones de cumplir. Comienza concibiendo a Bolivia como un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”, sin comas, como bien destaca José Antonio Quiroga. ¿Qué significa esto? ¿Comunitario es comunismo?
¿Qué más le podíamos pedir a la debilitada, desintegrada y confundida oposición presente en el Congreso, con relación al clamoroso pedido de la ciudadanía ilustrada para que “dialoguen” con el propósito de contar con un nuevo proyecto constitucional, luego del apabullante triunfo de Evo Morales, con un 67% de votos (voto comunitario y fraude incluido), en el referéndum que lo ratifica? ¿Que podíamos esperar de ellos frente a una masiva marcha de movimientos sociales, se dice en un número de 50 mil personas que marcharon desde Oruro, encabezados inicialmente por el Presidente, con rumbo a sitiar el Congreso en La Paz, para conseguir la aprobación de una ley que convoque, sí o sí, a referéndum para aprobar la nueva Constitución? Sólo lo que hicieron, demostrarles a los del MAS que varios de los artículos estaban desacertadamente redactados, incluir algunas competencias para los futuros gobiernos autonómicos departamentales y una que otra reivindicación democrática, que ya no es posible desconocerlas en pleno siglo XXI, como es algún respeto y garantía a la propiedad privada. De aquí sale el proyecto de Nueva Constitución que será sometido a referéndum el 25 de enero del 2009 y que, sin duda alguna, será aprobado. La interrogante está en cuán apabullante será esta ratificación. Pronto las empresas capitalistas especializadas en encuestas nos darán significativas señales sobre el asunto.
Ya sea cierto lo que dijo Puka ReyesVilla que el Legislativo se reinventó como primer poder al momento de finalmente consensuar el proyecto de Constitución, o como destaca María Teresa Zegada que se reconoció el hecho de que no se puede avanzar sin “el otro”, pero para lo cual se tuvo que trastocar la institucionalidad ya que en las modificaciones del proyecto no participaron los constituyentes que por ley tenían la competencia, es que nos encontramos con el hecho consumado de que el país ya cuenta con una nueva Constitución, para bien … o para mal.
Seguramente les habrá caído la opinión de Diego Ayo al Colegio de Abogados de Bolivia, como si fuese una bofetada, quienes “fetichizan lo legal, viendo el árbol y no el sol” si sostienen que la nueva Constitución no sirve porque no se respetaron los procedimientos legales, ya que deben tomar en cuenta que lo esencial es el acuerdo político. Es probable, para Ayo, que las siete contradicciones concretas, “en temas relevantes para la organización del Nuevo Estado”, que Carlos Alarcón encuentra en la Nueva Constitución, son “ver el árbol y no el sol”.
A esto habría que añadir: ¿Cuándo le preguntaron a usted si estaba de acuerdo, o no, con los autonomías indígenas? para que se introduzca este hecho fundamental —y peligroso planteamiento estalinista según algunos marxistas— en el proceso de construcción del Estado boliviano, en la nueva Constitución Política del Estado como se lo ha hecho con las autonomías departamentales, pero para lo cual sí hubo un referéndum. Además “indígena”, es un concepto inadecuado ya que con propiedad y autoridad Fernando Untoja dice que no hay “pueblos indígenas”, que el vocablo indígena proviene de “indigente”. Lo que hay es el pueblo aymara, quechua, guaraní, etc.
Franklin Sánchez indica que la nueva Constitución avizora la desintegración del país al reconocer a 36 supuestas naciones, que puede llevar a la creación de reservaciones “tipo pieles rojas en los EEUU”, pero que es inaplicable cuando nos referimos a los aymaras y quechuas porque se encuentran diseminados en todo el país. El primer problema se presentará al momento de delimitar la “territorialidad”. Además, cómo es posible implementar 36 sistemas de justicia, número igual de lenguas y de “usos y costumbres”. Alberto Bonadona, destaca que estamos frente a una Constitución que puede llevar a la discriminación entre una y otra de las 36 nacionalidades reconocidas. La asignación discriminada de 18 privilegios y derechos (capítulo 4) que sobrevalora a lo originario indígena campesino sigue presente como en el proyecto inicial. En lo productivo esto puede llevar a que cada nacionalidad se cierre frente al otro por concepciones económicas diferentes. Por tanto, se votará por una Constitución que en lugar de unirnos nos separará.
Sería bueno tomar en cuenta lo que Dante Pino ya ha dicho al referirse a la parte económica del proyecto constitucional, que ha dejado pasar “horrores conceptuales y errores de interpretación así como del alcance y delimitación de las actividades económicas”, y en este entendido deja establecido lo inapropiado que es de hablar de “modelo económico plural” porque “hace un embrollo en el que cabe todo lo inimaginable de manera caótica”.
Y la precisión, que lamentablemente no es un atributo dominante de la gente que vive en un país subdesarrollado como Bolivia, pero la posee el amigo físico Francesco Zaratti, dice que los bolivianos aprobaremos una ridiculez —un suave calificativo— al momento de aprobar la nueva Constitución que dispone que el “espectro electromagnético” será administrado por el Estado y como si éste fuese un recurso natural o material, cuando no lo es.
Pocos se detendrán a meditar aquello que con acierto dijo Jimena Costa, —y sin tapujos— que lo que se hizo con el proyecto constitucional del MAS es pasar a Franckeisten por el salón de belleza de Helena Rubinstein, Constitución que le otorga corta vida por sus inherentes contradicciones y su inviabilidad de implementación. Esto no es compartido por Jorge Zapp, quien sostiene que al aprobarse la nueva Constitución “el país sella sin retroceso posible un rumbo claro para los próximos decenios”, que cambiará el rumbo de una nación “como nadie lo había hecho antes y porque ninguna revolución anti–pobres será apoyada por nadie”. Y esto ha sido posible —dice él— por el terror que sufrió el congreso nacional ante la ciega marcha multitudinaria, liderada por el presidente Morales, que marca “imborrablemente el estilo de cambio involutivo hacia el futuro”. Esta visión es compartida por Jorge Lazarte quien sostiene, en lo sustancial del proyecto de Constitución reemplaza la condición ciudadana por lo étnico, “representa un salto al pasado precolonial y premoderno”. Roberto Laserna cuantifica este retroceso, sostiene que de aplicarse la nueva Constitución la producción “crecería entre el 4 y 5 por ciento menos que el potencial de nuestra economía”, lo que es lo mismo decir que Bolivia le dice adiós al desarrollo, que no crecería nada —incluso decrecería— ya que su actual potencial de crecimiento no supera el 4% anual.
Pocos comprenderán lo que Agustín Echalar sostiene: estamos frente a un “bodrio constitucional” porque es “un texto miserable, penoso, que no califica para ser una ley de leyes”. Remata estas acertadas afirmaciones Humberto Vacaflor, dice que: “se cumplió el absurdo según el cual las autonomías de los cuatro departamentos que votaron por ellas terminaron siendo diseñadas por los votos de los departamentos que habían votado contra ellas”. Conclusión evidente es que este proyecto de Constitución será la peor Carta Magna de las que Bolivia tuvo en su siempre trágica y convulsionada historia, pero que será avalada por una amplia mayoría en el referéndum que se llevará a cabo ¡Paradojas en nombre de la democracia popular!
Armando Méndez Morales fue presidente del Banco Central de Bolivia.